A inicios de abril, Hugo Velázquez, vicepresidente de la República, informó que iba a encabezar la elaboración del proyecto que establece reformas a la ley de la función pública.
Sin embargo, en los cinco meses siguientes, fueron múltiples los reclamos de sectores sindicales de funcionarios públicos debido a la falta de debate de las mencionadas reformas.
Por este motivo, el Frente Guasu, organizó una audiencia pública virtual el pasado viernes en horas de la mañana donde participaron representantes de los diversos sindicatos como también el mismo Hugo Velázquez, vicepresidente de la República.
Jorge Querey, senador nacional por dicha nucleación política, señaló que son medias verdades muchos de los prejuicios que existen hacia los funcionarios públicos.
Al inicio de la jornada detalló que el PGN de cada año solo establece el 48% de los recursos para el pago de salarios. A diferencia del 80% que se cree. Además señaló que los 306.000 funcionarios públicos que existen en el país solo son el 10% de la población económicamente activa (PEA). Mientras que en otros países se tiene entre el 30% al 20%. Justamente la vecina nación de Argentina posee el 18%.
VELÁZQUEZ
Hugo Velázquez, vicepresidente de la República, coincidió con Querey en que el Estado no es tan grande como se piensa. Expresó también que no buscan achicar dejando de lado a funcionarios públicos.
“Solo buscamos mejorar la calidad del gasto. Esto significa que la ciudadanía reciba mejores servicios del Estado paraguayo”, manifestó.
El segundo del legislativo se limitó principalmente a escuchar los cuestionamientos con la promesa de incorporarlos en la medida de lo posible al documento final a ser presentado en el Congreso.
REFORMAS
Entre las reformas establecidas por Velázquez y Benigno López se mencionan un tope salarial para que los funcionarios públicos no ganen más que el Presidente (G. 37 millones). Una escala salarial unificada entre todos los entes públicos. Que cada ente planifique su fuerza de trabajo para saber la cantidad exacta de funcionarios que precisa. Además de esto, el documento establece la creación de la Subsecretaria de la función pública que será dependiente del Ministerio de Hacienda. Este nuevo ente será el encargado de atender todas estas cuestiones.
El proyecto de reforma también señala que la única vía de ingreso sea el concurso público de oposición. Que la estabilidad pase de dos a cuatro años. Y que los funcionarios que incurrieron en hechos de corrupción serán expulsados de por vida de la función pública.
Velázquez aclaró que este proyecto, si es aprobado, regirá a partir de su promulgación. Es decir, solo tendrá efecto para las personas que vayan incorporándose con el correr de los años, no así para los que ya están en sus funciones.
CRÍTICAS
Santiago Ortiz, funcionario público y representante del Frente de Unidad Sindical (aglutina a varios sindicatos), criticó que el documento sea elaborado en plena pandemia. Esto debido a que las restricciones de movilidad imposibilitan una mejor participación y debate.
“Pedimos a las autoridades volver a foja cero el proyecto. No estamos en contra de la reforma pero queremos elaborarla dentro del debate”, expresó.
En otro momento, Ortiz cuestionó que se busque mejorar la calidad del gasto recortando derechos por años logrados de funcionarios públicos. Sin embargo, no se ataca la corrupción en Contrataciones Públicas que cuestan unos US$ 600 millones al año al Estado (1,9% del PIB según el BID).
“Para discutir este tipo de proyectos se debe tener autoridad moral. Las autoridades que protagonizan tantos hechos de corrupción no pueden intentar recortar derechos laborales para mejorar el gasto”, cuestionó.
Finalmente, otro de los puntos cuestionados fue las super atribuciones que se pretende dar a Hacienda con el documento en cuestión. Atribuciones por sobre el Congreso.
ÁNIMOS CRISPADOS
Al término del debate, Querey recomendó a Velázquez posponer los avances del documento hasta que termine la pandemia. Esto debido a los pedidos unánimes del sector de disconformidad con el proyecto de ley.
El legislador del Frente Guasu advirtió que esta situación puede ser un nuevo causal de confrontación del Estado que ya tiene suficientes problemas que atender.
