El Ministerio Público conformó un equipo técnico para ocuparse del alto índice de abuso sexual, violencia familiar e influencia del crimen organizado en las comunidades indígenas.
El fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández, dispuso la conformación de un equipo técnico que se ocupe del alto índice de hechos punibles que afectan a los miembros de las distintas comunidades indígenas.
Preocupa el gran aumento de casos de abuso sexual en niños, el embarazo precoz de adolescentes, la violencia familiar y la influencia del crimen organizado. Este grave panorama, fue expuesto por la Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público, encargada de atender los asuntos de los pueblos originarios distribuidos en varios puntos del país.
Esta medida permitirá consolidar el tercer eje del Plan Estratégico Institucional, que consiste en el fortalecimiento institucional para la defensa de los intereses difusos y pueblos originarios. Para el efecto, el equipo está conformado por las direcciones de Derechos Étnicos, Derechos Humanos, Planificación, Ejecución de Proyecto y el Observatorio del Ministerio Público.
Según la directora de Derechos Étnicos, Dora Penayo, en los últimos años, el aumento de la migración de comunidades indígenas hacia las ciudades puso de manifiesto una realidad alarmante: un índice creciente de violencia que afecta gravemente a estos pueblos originarios. Lejos de sus territorios ancestrales, muchos indígenas que buscan en las urbes una vida mejor se encuentran, en cambio, con un escenario de violencia y marginación cuyo resultado es el crecimiento de la vulnerabilidad. Según los datos más recientes, un número significativo de indígenas migrantes son víctimas de homicidio doloso, lesiones graves y explotación sexual. Lo más preocupante es que, en muchos casos, los perpetradores de estos delitos son miembros de sus propias comunidades. Este fenómeno refleja una compleja dinámica de violencia interna, exacerbada por la sensación de desprotección y exclusión que enfrentan en las ciudades. Los indígenas, al migrar, llevan consigo sus costumbres, creencias y formas de vida, elementos esenciales de su identidad cultural. Sin embargo, al llegar a un entorno urbano que no siempre está preparado para acogerlos, se encuentran con barreras culturales y sociales que los empujan a situaciones de vulnerabilidad extrema. La falta de acceso a servicios básicos, como la salud, la educación y la vivienda, sumada a la discriminación y al desconocimiento de sus derechos, contribuye a perpetuar este círculo de violencia.
Los abusos sexuales tienen como consecuencia un embarazo precoz y la reproducción de la pobreza. En los casos de violencia familiar, los factores desencadenantes son el alcohol y las drogas que son consumidas tanto por varones y mujeres. Los conflictos en ruedas de tragos que desembocan en casos de muertes violentas.
El consumo de alcohol es otro factor perjudicial, ya que al padecer desnutrición el efecto es más nocivo. En cuanto a la influencia del crimen organizado, muchos miembros de las comunidades encuentran salida en el trabajo de la plantación de la marihuana, alquilan sus tierras para el cultivo y hasta son utilizados para llevar las sustancias como una especie de “mula”. Hay casos en los que asesinan a líderes por resistirse a entregar su hábitat a organizaciones criminales, que captan a sus víctimas, pero no son denunciados por temor, explicó la directora Penayo.
Fuente: Judiciales.net
