La insólita orden emitida por la Concertación a sus legisladores
Está claro que la montaña de evidencia acumulada contra la actual ocupante de la Fiscalía General del Estado alcanzaría para removerla del cargo. La comunicación del Departamento de Estado declarando a Horacio Cartes “significativamente corrupto” obró como una suerte de cohete impulsor para emprender el azaroso itinerario de un juicio político, experiencias demasiadas veces naufragadas incluso antes de zarpar.
A sabiendas de eso, la Concertación que agrupa a 22 partidos políticos y movimientos ha emitido un interesante úcase bajando línea a todos los legisladores que hoy están bajo su paraguas: votar por la destitución de la fiscala o serán expulsados sin contemplaciones. Es lo más próximo a un mandato imperativo, cuya prohibición tiene rango constitucional.
Podríamos sumarnos a la polémica que los juristas y politólogos suelen mantener respecto a la aparente, o real, controversia entre mandato imperativo y disciplina partidaria. Pero preferimos dejar el tema a los expertos.
Lo que sí sería interesante saber es si antes de bajar orden tan terminante, los jerarcas de la Concertación se han sentado antes con diputados y senadores del palo, precisamente, a concertar posiciones, que para eso han constituido la alianza. ¿Hay o no argumentos suficientes para persuadir a los remisos? Esto quiere decir, inducirlos mediante razones contundentes a apoyar una determinada posición común, en este caso, ir adelante con el juicio político a la fiscala. Porque si de partida ya apelan al autoritarismo y la imposición, no es un nacimiento muy sano que digamos sino algo muy próximo a la malformación congénita.
El país necesita algo más que un amontonamiento de indignados marchando en una misma
dirección y bajo consigna. Las coincidencias coyunturales pueden ayudar a dinamitar
determinados obstáculos en el devenir político pero no construyen institucionalidad.
¿Destituir a un magistrado de conducta probadamente corrupta? Claro que sí. Pero debe ser un proceso legitimado por un ajuste riguroso a la Constitución. Algunos de los que habitan la Concertación fueron alguna vez duros críticos con el juicio político que determinó la renuncia de Fernando Lugo en 2012. Hablaron hasta el cansancio de juicio sumarísimo, de maniobra parlamentaria y de ejecución mediática.
Hoy, ¿qué los apura hasta el punto de arrear gente a chicote?
Persuadan, honorables, no impongan. O dejen de llamarse Concertación.
