En el primer borrador remitido por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quedan informadas algunas falencias en cuanto al compromiso con la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento a grupos terroristas. Con un sistema judicial endeble y negros antecedentes, Paraguay no puede esperar resultados favorables en cuanto a su imagen jurídica y política.
SITUACIÓN JUDICIAL EN PARAGUAY
Teniendo en cuenta el informe publicado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), desde el 2015 al 2021, el Tribunal de Sentencia ha condenado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa a 6 personas, por lavado de dinero a 15, por asociación criminal a 6, por hechos relacionados al narcotráfico a 3, mientras que las apelaciones admitidas hasta el momento fueron 2.
Ante el resultado final de Gafilat que deberá presentarse en junio del 2022, la
larga fila de hechos punibles mencionados se encuentra como antecedente, generando ya un borroso panorama en términos del nivel de eficacia del sistema judicial del país.
Teniendo en cuenta las declaraciones de Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, el país ya ha tenido el retorno del primer borrador de Gafilat, en el cual mostraron puntos frágiles a ser solucionados y cómo debe actuar próximamente Paraguay en cuanto a la lucha contra el lavado de activos, financiamiento contra el terrorismo y la proliferación de armas masivas.
“Consistieron en puntos específicos relacionados a la actuación de algunas instituciones, con estadísticas que son ajustables. Se presume que se pueda levantar o revertir algunos aspectos negativos, de la misma manera en la que lo hizo Chile”, determinó el Arregui. Sin embargo, el ministro reconoció que debemos mejorar en la corrupción y las respuestas contra el lavado de dinero, así como también en sentencias suficientemente aplicadas
para los acusados.
Dentro del punto, no contar con casos de sentencia y únicamente con imputaciones para hechos relacionados al contrabando nos resta puntos con Gafilat, de acuerdo a Arregui.
En ese sentido, para Emilio Fúster, ministro de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión al Contrabando (UIC), se encuentran realizando muchas intervenciones e importantes incautaciones en cuanto al contrabando y ya alcanzan los US$ 40 millones en mercaderías incautadas.
No obstante, aceptó que dentro de todo el proceso también se encuentran policías, militares y funcionarios de Aduanas, que protegen el comercio ilícito en las fronteras. Dijo
que desde la institución están al tanto de los documentos y las denuncias presentadas acerca de funcionarios que trabajaban en complicidad con el hecho delictivo, apostados en Vista Alegre.
“Corroboramos que la Policía Nacional, funcionarios de Aduanas y la Armada no han colaborado con sus trabajos en la lucha contra el contrabando. Hace 25 días hemos presentado una denuncia ante el Ministerio Público, que se encuentra en pleno trámite de investigación”, manifestó.
PRINCIPALES REFERENTES
Óscar González Daher: exsenador, acusado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, el Tribunal de Sentencia probó la autoría del mismo y fue condenado a 7 años de pena privativa de libertad. Sin embargo, fue absuelto de la causa de lavado de dinero.
Así también, se determinó la confiscación del 50% de sus cuentas hasta cubrir la suma de más de G. 5 mil millones, que no se ha podido establecer que proviene de fuentes conocidas y constituye el valor de enriquecimiento ilícito.
Imputado por el escándalo de audios en donde él, como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), presuntamente transó con jueces, abogados, fiscales y funcionarios a cambio de favores. La Justicia no lo procesó por evadir impuestos de 65 de sus inmuebles y fue beneficiado con la desestimación de la causa solicitada por el entonces fiscal y ahora ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio; falleció hace días.
Óscar Rubén González Chaves: hijo del exsenador González Daher, el Tribunal de Sentencia comprobó su autoría en los hechos punibles de declaración falsa, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Fue condenado a 8 años de pena privativa de libertad y se determinó la confiscación de sus cuentas entre el 50 y 100% de los saldos hasta cubrir la suma de G. 29.237.656.115, que constituye el valor por enriquecimiento ilícito.
Pese a todas las acusaciones realizadas en su contra y el fallo del Tribunal, González Chaves presentó su candidatura a la concejalía de Luque, ganando un escaño en la misma ciudad.
Raúl Fernández Lippman: exsecretario del JEM, fue acusado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El Tribunal de Sentencia falló a favor del acusado, determinando que no hubo comprobación de los hechos punibles mencionados; por lo cual lo absolvieron de “culpa de y reproche”.
Según la investigación fiscal, Fernández Lippmann, habría tenido un ingreso patrimonial no sustentable de origen desconocido, de más de G. 1.300 millones, entre los años 2007 y 2017. Por ende, un tribunal de Apelaciones anuló la absolución a Raúl Fernández Lippmann, generando que el acusado vuelva a enfrentarse a un nuevo juicio oral.
Juan Pablo Jiménez Viveros e Ilan Grinspun: ambos involucrados en el esquema de lavado de dinero de US$ 40 millones, que se relacionaba también con el “doleiro de doleiros” Darío Messer.
Juan Pablo Jiménez es el primo de Cartes y junto con Ilan Grinspun fueron acusados de lavado de dinero y asociación criminal. Ambos fueron condenados a 2 años de prisión preventiva, pero con la posibilidad de suspender la ejecución de la pena.
Igualmente se estableció que tanto Juan Pablo Jiménez, como Ilan Grinspun realicen una donación de G. 10 millones, para la fundación San Rafael y Asoleu, respectivamente.
Justo Pastor Cárdenas: extitular del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra fue acusado por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El Tribunal de Sentencia falló en la condena de Pastor Cárdenas, declarando también la reprochabilidad del mismo por su conducta típica y antijurídica.
El extitular del Indert fue condenado a 4 años de pena privativa de libertad. No obstante, en agosto de este año, la Fiscalía solicitó la ampliación a 11 años de la condena establecida a Pastor Cárdenas.
Tomás Rojas Cañete: gran narcotraficante, conocido normalmente como Toma’i, fue acusado de cometer los hechos punibles de posesión, comercialización y tráfico de estupefacientes, así como también por lavado de dinero y asociación criminal.
La punibilidad del acusado en los hechos delictivos mencionados fue comprobada y fue condenado a 25 años de pena privativa de libertad.
