En agosto de 2018, un turista brasileño que llegó a Paraguay para hacer compras en Ciudad del Este fue extorsionado por policías. Se movilizaban en un vehículo particular. Lo despojaron del 25% del valor de su compra, al parecer un impuesto de llegar a territorio paraguayo, hacer una compra grande y atreverse a pensar que podía salir del país sin pagar algún “peaje” extra. En aquel entonces, la víctima denunció el hecho, la Fiscalía intervino; allanó la comisaría y encontró todo el dinero. El resultado fue anticipado para muchos: hace pocos días la justicia determinó el sobresceimiento a los dos acusados.
Pudiera parecer un caso aislado pero un episodio bastante similar se repitió la semana pasada en Caaguazú. Dos jóvenes brasileños de 20 y 21 años fueron “secuestrados” de forma irregular y luego extorsionados por uniformados corruptos. El tema se difundió ampliamente en los medios del vecino país y las críticas al Paraguay como destino no tardaron en replicarse. En momentos en que toda una industria busca recuperarse y volver a poner al país como un atractivo para extranjeros, este tipo de episodios dan una paliza a sectores que emplean legalmente a miles de personas.
Los hoteles, restaurantes, posadas y sitios turísticos hacen de todo por atraes a visitantes, pero la ya golpeada marca país incluye este tipo de sucesos que al final del día tienen una huella más duradera por la gravedad de los casos. La impunidad debe terminar. La justicia debe dar un duro castigo. Una rosca mafiosa que opera como un secreto a voces atacando a visitantes genera un perjuicio que va mucho más de la zona geográfica donde actúan y afecta a todo el país. Son policías que dejan una gran mancha en el uniforme, hacen de la corrupción una costumbre y de la seguridad un privilegio.
