El sistema de selección más transparente no se utiliza para la contratación de personal. Desde el 2014 fue puesto en funcionamiento con el objetivo de facilitar la gestión en la línea de procesos de selección de personas, tanto para el ingreso a la función pública como para el concurso público.
Desde el 2014 Paraguay cuenta con una avance mediante un emprendimiento del Gobierno, a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que fue puesto en funcionamiento con el objetivo de facilitar la gestión en la línea de procesos de selección de personas, tanto para el ingreso a la función pública por concurso público de oposición, así como para la contratación temporal de personas por concurso de méritos, conforme a la normativa vigente en la materia.
Este desarrollo quedó en el olvido, mientras los clanes familiares siguen acaparando en todas las instituciones públicas, el ingreso a una entidad estatal por méritos quedó en el olvido. Consultamos con SFP para corroborar el estado de la plataforma donde no figura ni un solo concurso en marcha y nos aseguraron que dicha información es veraz.
Con plata del BID el desarrollo de esta plataforma informática fue financiado en su momento por el Programa de Apoyo al Servicio Civil, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La utilización del portal virtual se fue aplicando de manera progresiva desde el 2014 y su puesta en vigencia de manera obligatoria se concretó a partir de enero de 2015, sin embargo ahora ya no se utiliza.
Algunos clanes
Basta con revisar la lista de familiares de algunos legisladores como el caso del exdiputado, Miguel Cuevas, quien tiene más de 9 personas de su entorno en la función pública, siguiendo con clanes del mismo departamento de Paraguarí, Nicanor Duarte Frutos, actual director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), nombró el año pasado a Sylvia Samaniego Álvarez, hermana del diputado Esteban Samaniego. También el diputado Samaniego, tiene a su esposa, Patricia Corvalán en la función pública.
Por otra parte está el senador Silvio Ovelar, quien forma parte del primer anillo del actual presidente Mario Abdo Benítez, llegó a tener más de 20 familiares en la función pública, en su mayoría sin someterse al proceso de concurso, por su afinidad a representantes del poder.
Lourdes Elizabeth González Pereira, directora general de los Registros Públicos, quien cuenta con una remuneración de G. 19 millones, cuenta con varios familiares, entre ellos primos y cuñados, además de amigos, en cargos importantes.
Ley vigente
La ley N° 5.295, en su articulo 1°, señala que “se entenderá por nepotismo, cuando una persona, facultada para nombrar o contratar en cargos públicos, realiza uno de esos actos a favor de su cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en violación a las normas que regulan el acceso a la función pública”.
Beneficios adicionales
El año pasado, solo en concepto de pagos de beneficios, remuneraciones extras y adicionales, el Estado paraguayo tuvo que destinar más de US$ 124,6 millones de los recursos del Tesoro, según los datos abiertos del portal del Ministerio de Hacienda.
En el presupuesto general de gastos de la Nación (PGN) para el ejercicio de este año, el Fisco ha planteado la necesidad de poner un límite al gasto en este concepto, lo que derivó inmediatamente en protestas de varios sindicatos del sector público que invocan que se estarán violando “sus derechos adquiridos” si es que se realizan los anunciados recortes.
Los datos de la mencionada cartera de Estado indican que más de 71.000 funcionarios recibieron en el ejercicio anterior algún tipo de bonificación adicional a su salario, unos 61.234 empleados dependientes del Poder Ejecutivo recibieron en su conjunto un monto por valor de G. 581.523 millones (US$ 91,8 millones). Del total de los empleados beneficiados los de la administración del Ejecutivo representan el 86%.
En segundo lugar, los trabajadores del Poder Judicial que recibieron bonificaciones hicieron a un total de 8.700 (12,4%) y el gasto que representó esto fue de G. 84.567 millones (US$ 13,3 millones); mientras que el Poder Legislativo destinó un total de US$ 24.134 millones (US$ 3,8 millones) para pagar bonificaciones a un total de 1.139 empleados (1,6%).
