Es notable que exigen la rendición de cuentas de los postulantes más no se prestan a los mismos criterios. Por ejemplo, no hacen público el examen de conocimiento después de concluido, ya que evidenciaría los múltiples reclamos de incorporar temas y materiales no incluidos en los ejes temáticos que imponen.
Apropiándose de la metodología del puntaje sencillo, sumando puntos por supuestos logros, pero desiguales y que no necesariamente son pertinentes a los cargos presentados. No queda claro por qué asignan los puntos de la manera en que lo hacen.
Hay maestrías más rigurosas que títulos comprados en el exterior como lo hizo un postulante rechazado quien lo compró en el Caribe. Estar apostillado no es legítimo, es estar registrado bajo las cambiantes leyes de distintas jurisdicciones nacionales.
En una era donde los datos, leyes, y reglamentos están disponibles en cualquier teléfono inteligente se pide memorización que hace pensar en saber textos teológicos y no su interpretación que es lo que importa.
La letra de la ley es clara y está disponible, no tiene sentido exigir memorización, sino entendimiento de lo que está escrito, poder desentrañar el espíritu de la ley es clave.
La pedagogía moderna, que produce a un funcionario público capacitado para tomar decisiones informadas y basadas en la teoría, la práctica y los hechos es de entender, comprender, aplicar discernir y no repetir lo que está en un documento de referencia.
El Consejo de la Magistratura difícilmente esquivó el problema de la corruptela, de permitir que aquellos que por último votan por un cargo se presenten a esos cargos sin tener conflicto de interés, (si un Senador no puede ser parte de una terna donde votan sus pares).
Estos dos procesos de selección serían declarados inconstitucionales por graves falencias de proceso, transparencia, e idoneidad con el compromiso, o de seleccionar a los mejores y no a los más favorecidos o que tengan capacidades fotográficas de memoria, bolsillos profundos, deudas políticas, y una larga serie de ilegalidades a su nombre que manchan su valor ético y moral.
Hay también varios tecnócratas en la competencia y se les desvirtúa por su conocimiento. ¿Acaso los que juzgan quieren tener a unos ignorantes en posiciones de importancia que garantizan el proceso democrático y de justicia? Podría ser.
Hay una larga historia de caricaturas que tienen puestos públicos y ni siquiera saben usar el teléfono para referirse a la ley que tiene que implementar. Un tecnócrata no es ser apolítico, pero si es una persona preparada para usar juicio y razón y no falsas lealtades, no a los principios de un partido que son en el Paraguay honorables y están al servicio de la población.
No confundamos la honradez moral con el desprestigio del que solo limpia lo que le ordenan (la distancia entre el que miente por ganar un puesto público y el que miente por “limpiar a un pueblo de sus impurezas con acciones autoritarias es nula moralmente”. El Paraguay se limpió de la dictadura, pero todavía está sucio de corrupción, arrogancia e impunidad en el sector público.
El funcionario público honesto lo es porque honra sus principios y no el cheque que se le deposita por poner la cara a lo que no tiene nombre en una democracia: la mentira, el partidismo sin conciencia y ser un leguleyo y no un defensor de la verdad, Constitución y los reglamentos.
