De acuerdo a datos entregados por las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima de violencia física o sexual. Un dato escalofriante, pero que lamentablemente sumado al aislamiento por la pandemia ha incrementado, pues las cifras de llamadas a líneas de atención en caso de violencia doméstica se han elevado significativamente alrededor del mundo.
El Tercer Informe hemisférico de la Convención de Belém do Pará (OEA, 2017), establece que los países de América Latina y el Caribe, solo destinan el 1% de sus presupuestos a erradicar la violencia contra las mujeres; cifra que a pesar de ser ínfima ha disminuido, debido a la necesidad de contar con recursos urgentes durante la crisis económica que ha generado la pandemia.
Somos testigos frecuentes de que el hostigamiento y acoso sexual en contra de las mujeres son normalizados por la cultura, la sociedad y el estado. Es por esta razón que aumenta probabilidad de que las mujeres vuelvan a enfrentar eventos violentos de mayor envergadura, mientras que las posibilidades de que sus derechos puedan ser efectivamente garantizados, protegidos o restituidos disminuyen, pues existe una fundada desconfianza en el sistema de administración de la justicia.
Por todo lo antes mencionado, es imperativo que los estados aborden la violencia de género de manera seria, oportuna y trasversal, buscando que el objetivo no sea solamente sancionar a los agresores y proteger a las víctimas, sino generar cambios sociales, culturales, políticos y jurídicos que permitan desnaturalizar la jerarquía sexual y la violencia contra las mujeres producto de la misma.
