Por Benjamín Fernández Bogado
Una de las maneras de definir la corrupción es echar a perder proyectos que son importantes, trascendentes, como el tema del Metrobús. Hoy es sólo signo de la corrupción en su peor forma, ya que no se hicieron las tareas como se debieran desde el inicio. La empresa portuguesa ahora afirma que es responsabilidad del Estado el no haber realizado las expropiaciones en tiempo y modo, lo que impidió que las obras se realizarán también en las formas establecidas en el contrato. El Gobierno cuestiona a la empresa portuguesa que se había comprometido en traer maquinarias y gente especializada en este tipo de construcciones y que terminó subcontratando a una empresa paraguaya para dicha actividad.
Ahora que estamos con la expansión de la Ruta 2, se presentan circunstancias similares. Personas cuyas propiedades han sido utilizadas para el propósito de ensanche no recibieron la indemnización correspondiente por el Estado y han pasado varios meses. Hay un porcentaje también importante de personas que no están dispuestas a conceder esos espacios mientras no reciban una compensación adecuada, como manda la norma. Todo esto es lo que lleva a aumentar nuestros costos y van en detrimento de la gente. Si sumamos a ese hecho de que probablemente muchas de las personas que tuvieron que dar sus terrenos para la expansión de estas obras públicas deben volver a pagar para que se les libere el cheque con el que el Estado les está compensando por habérsele afectado la propiedad, vemos el cuadro completo de nuestras viejas penitencias en términos de obras públicas que no parece concluir para nada. Y si miramos las razones, dónde quedan finalmente este porcentaje de dinero, vamos a ver que termina o en las manos del ministro, en las manos del presidente de la República.
Es la hora de enviar un mensaje claro, de hacer las cosas de manera distinta y evitar que el alto costo de la corrupción, no solo las obras mal hechas, sino todos los procedimientos previos, les siga costando al país dinero y vidas.
