El ministro Gustavo Santander denunció hoy la vergonzosa actuación de la fiscal Stella Marys Cano, en las causas conocidas como Mocipar y Caja de Jubilaciones, que causaron multimillonarias pérdidas.
Según Santander, los agentes fiscales encargados de investigar las causas «solo llevaron a cabo un teatro para desgastar al sistema y a los denunciantes.
El ministro afirmó que, en ambas causas se simuló una investigación sin avances reales. La fiscal imputó, solicitó prórroga extraordinaria, acusaron y en la audiencia preliminar pidieron el sobreseimiento provisional, argumentando la necesidad de diligencias que nunca se realizaron durante un año. El último día posible, después de 365 días, solicitaron la reapertura de la causa dijo al portal Judiciales.net
Agregó que tras cuatro años, se llevó a cabo la audiencia preliminar en el caso de Jubilados Bancarios, ratificando la acusación, pero solicitó la extinción de la causa. El juez se opuso, pero la fiscalía general ratificó el sobreseimiento, lo que indica que no tenían pruebas para un juicio oral.
En el caso de Mocipar, se repitió un patrón similar, solicitando diligenciar pruebas durante la audiencia preliminar que no se realizaron durante la investigación. Finalmente, se solicitó y se concedió la extinción de la causa, sin llegar a una conclusión.
El ministro Santander pidió al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que intervenga debido a la mala actuación de los operadores de justicia en estas causas. Además, solicitó la divulgación de los resultados de la auditoría para dar a conocer la gravedad de la situación.
ANTECEDENTES
En sesión plenaria del 27 de abril pasado, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resolvió encomendar a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, la realización de una auditoría integral en las siguientes causas Fernando Román Fernández y otros s/ Estafa y otros. Expediente N°8361/19, tramitada ante el Juzgado Penal de Garantías N°2 de la Capital y José Antonio Caballero Bobadilla y otros s/ Lesión de confianza. Expediente N°9790/18, tramitada ante el Juzgado Penal de Garantías N°3 de la Capital.
La primera guarda relación con el conocido caso Mocipar, en el que miles de personas perdieron sus ahorros bajo un fallido modelo de negocios de adjudicaciones, mientras que el segundo se trata de una presunta estafa a la caja de aportantes de funcionarios bancarios.
Para el ministro Gustavo Santander Dans es llamativo que al principio de ambas causas, el Ministerio Público imputó “casi por la totalidad del Código Penal”. Sin embargo al finalizar el proceso, la misma Fiscalía solicitó el sobreseimiento de los acusados.
Por el perjuicio a la Caja Bancaria fueron procesados por lesión de confianza los componentes del Consejo de Administración, ellos son José Antonio Caballero Bobadilla, presidente, Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera, Ángel Ramón Chamorro Ortiz y Miguel Ramón Oro Domínguez.
Luego de varias idas y vueltas en el proceso, finalmente la Fiscalía Adjunta a cargo de las Unidades Penales Ordinarias de la Sede 1 del Ministerio Público, Patricia Rivarola Pérez, resolvió requerir el sobreseimiento definitivo en la causa caratulada como “José Antonio Caballero Bobadilla» y otros s/lesión de confianza.
De acuerdo a las pericias contables emprendidas por la Fiscalía y la querella adhesiva, las diligencias reafirmaron que los directivos estuvieron detrás de un perjuicio patrimonial a la entidad. Se observaron varias irregularidades en el manejo de la Caja entre los años 2015 y 2019, que impactaron negativamente al patrimonio.
El citado daño se comprobó en el déficit actuarial por el que atraviesa la institución actualmente.
La conclusión del perito Licenciado Javier González Pérez menciona: “Considerando que el perjuicio patrimonial consiste en un detrimento del patrimonio provocado por la acción u omisión por parte del garante del mismo, se puede inferir que estas consecuencias negativas en la situación actuarial de la Caja Bancaria, se configuran en un daño patrimonial por un total de G. 2,4 billones
MOCIPAR
En el caso de Mocipar, se trata de un caso de estafa, en el cual la cara más visible es la de Fernando Román Fernández.
Con relación a este proceso, la fiscala Stela Mary Cano solicitó la rectificación de acusación y pidió el sobreseimiento definitivo por el hecho punible de estafa para Fernando Román y Orlando Benítez, ex directivos de Mocipar, y se ratificó en la acusación por producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso, recordó El Observador.
La Fiscalía General del Estado deberá ratificar el pedido de sobreseimiento definitivo, o en su caso, acusar y pedir juicio oral por los dos cargos de estafa y producción y uso de documentos no auténticos. El perjuicio económico denunciado por las víctimas es de G. 26.000 millones.
“Hay cosas que llama la atención cuando uno mira un poco el proceso en sí de estas dos causas (…)Miles de víctimas que quedaron colgadas por su reclamo de Justicia. Tenemos la obligación de saber por qué esta causa termina en cuestiones procesales y terminan en el sobreseimiento ”, agregó sobre el punto el ministro de la Corte.
Se dispuso también que el resultado de la auditoría sea expuesto en sesión pública para que toda la ciudadanía tenga acceso.
DANI DURAND
La fiscalía imputó el pasado 9 de junio a Dany Durand, exministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), por presunta estafa y asociación criminal. La investigación está vinculada con denuncias hechas por clientes de Mocipar,tras presión de la Corte.
La fiscala de la Unidad Penal N°3 Especializada en Delitos Informáticos, Irma Llano, formuló la imputación contra el exdiputado Dany Durand, por los hechos punibles de estafa y asociación criminal.
Asimismo, en el documento de imputación describe que los ilícitos habrían comenzado en el año 2006, pero se desarrollaron hasta los años 2019 y 2020.
Las operaciones supuestamente ilegales se generaron con el ofrecimiento de vehículos, inmuebles y electrodomésticos a precios accesibles, según la investigación fiscal.
Estos bienes eran promocionados mediante el programa televisivo “Domingo en Familia”, creado por Dany Durand Espínola y fue emitido desde el 2003 hasta el 2014.
RÉPLICA
El abogado de Durand, Oscar Tuma presume que esto trata sobre una “desprolijidad administrativa” en el Ministerio Público, ya que la imputación se realizó dos veces por el mismo caso.
“Acá sucedió, yo creo, una desprolijidad administrativa en el Ministerio Público. Varias fueron las personas que realizaron denuncias contra el señor Durand y contra otros accionistas del entonces Grupo Mocipar. Las firmas realizaron en diferentes unidades fiscales, es más tenemos conocimiento de que algunas denuncias se hicieron en el interior del país”, sostuvo el abogado mediante un contacto con el Inde.
Asimismo, Tuma explicó que “lo correcto hubiera sido que todas estas denuncias que se dieron a partir del año 2019, se acumulen en la investigación de un equipo de fiscal, que la Fiscalía General nombre un fiscal que lleve todas estas causas, que entre comillas, hablan sobre el caso de estafa del grupo Mocipar”.
A su vez, el abogado afirma que algunos fiscales están imputando luego de varios años porque “no tienen conocimiento de las otras acciones que se iniciaron en otras unidades fiscales”.
“En relación al señor Durand, él ya fue juzgado por este hecho. Estamos hablando de un hecho donde existen supuestamente varias víctimas. Pero él ya fue investigado por la fiscal Stella Maris Cano, la misma no encontró de que él haya sido responsable de algún tipo de estafa, más aún, teniendo en cuenta de que él deja la firma Mocipar dos años antes de que vaya a quiebra”, señaló Tuma.
