Sandra Miranda, concejal departamental por el Alto Paraná, cuestionó que los protocolos sanitarios del Gobierno sean elaborados sin un debate científico previo. Lamentó que médicos y científicos calificados de nuestro país no sean escuchados.
Sandra Miranda, concejal del Alto Paraná por Patria Querida, cuestionó que los protocolos sanitarios establecidos por el Gobierno sean unilaterales. En otras palabras, cuestiona que las decisiones que se toman en materia sanitaria sean por motivaciones políticas más que científicas.
“Hay voces disidentes sobre los protocolos. Hoy los que tienen la voz autorizada son los políticos. Se han silenciado a científicos y médicos de renombre. Hay médicos que por ello han renunciado como Graciela Russomando que ha renunciado”, lamentó.
Russomando era coordinadora de laboratorio del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). La misma era la encargada de cientos de testeos que realizaba el ente público de forma diaria. Se apartó del cargo luego de que testeos a jugadores del 12 de Octubre hayan dado positivo y luego negativo pocas horas después.
La doctora era una de las referentes de Salud en el combate al virus en el país. Ella alegó en su momento que la “falta de ética y moral del Ministerio de Salud le impedían seguir en el cargo”.
FALTA DE DEBATE
Para Miranda es clave la realización de debates científicos para establecer los protocolos. Señaló que médicos, científicos renombrados no son escuchados. Para la concejala sin debate no hay ciencia.
“No podemos imponer ciencia solo por decisiones políticas. Tomas decisiones que consistían en medidas draconianas (severas) como el cercenamiento de las libertades individuales. A pasar por encima de las libertades que no permiten siquiera elegir el tratamiento que mejor te parezca”, cuestionó.
RIDICULIZADOS
Miranda profundiza en el problema. Detalla que los médicos que tienen voces disidentes son desacreditados, ridiculizados.
“Para mí el protocolo utilizado que hizo el Gobierno es obedecer a las directrices internacionales. Sin poner en seguida a una elite médica para analizarlas. Tenemos investigadores. Lo que hubiere sido correcto es poner a una élite médica para escuchar sus voces”, expresó.
CAMPESINOS
No solo la cuestión sanitaria es un tema que preocupa a los ediles departamentales. Otro punto delicado es la situación de los productores.
Joselino Chaparro, concejal y presidente de la comisión de agricultura del Alto Paraná, señaló al respecto que existe una problemática de la tierra en la comunidad. Dijo que le preocupa mucho porque afecta principalmente a las personas más humildes y vulnerables.
Sostuvo que el Gobierno compró 280.000 hectáreas de tierras públicas para los campesinos. Resaltó que la tierra pública fue comprada para los paraguayos no para los extranjeros.
“Los extranjeros ocupan las tierras públicas el 100% en el Alto Paraná. Pero esto está penado en el Código Penal. Unas 185 organizaciones campesinas reclaman que se les de las tierras. Ahora presentamos una denuncia concreta en el juzgado de Ciudad del Este. Reclamamos 250.000 hectáreas tierras de Indert ubicadas en Ñacunday (Alto Paraná)”, expresó.
Chaparro lamenta que muchas familias en Ñacunday viven años bajos carpas, tomando agua del río y pasando muchas necesidades. Pero que no son atendidos por el Gobierno.
INDERT
Recientemente Gail González asumió el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Al respecto, el concejal señaló que tiene más esperanzas que la nueva titular ayude a resolver la problemática. Sin embargo, advirtió que la mayoría de los funcionarios de la institución son corruptos.
“Ellos venden todo el país. Cometen traición a la patria. Porque las tierras son para los pobres. Ellos facilitan las tierras para los extranjeros en lugar de para los compatriotas. Hace dos años y medio estoy denunciándolos”, cuestionó.
Más de 50.000 campesinos no tienen tierras en el Alto Paraná. Así también hay otros 50.000 labriegos que están en tierras pero sin títulos. Esto data incluso desde hace 30 años sin que el Indert no pueda dar esa solución definitiva generando muchos problemas judiciales para ellos.
“A los 78 asentamientos, pido al Indert regularizar su situación. Todos tienen el derecho de una vida digna”, manifestó finalmente.
