Especialista en Contrataciones Públicas
El Estado paraguayo compra anualmente bienes, obras y servicios para la implementación de sus políticas públicas. El Presupuesto General de la Nación (PGN) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, estimó un total de 86 billones de Guaraníes en concepto de Egresos.
Una parte importante de la suma establecida como Egresos, la ejecutan los Organismos y Entidades del Estado por medio de los procedimientos de contratación establecidos en la Ley N° 2051 “De Contrataciones Públicas” para comprar bienes, obras y servicios (útiles escolares, construcciones de rutas, servicios de distribución de medicamentos).
Esta ley que tiene vigencia desde el año 2003, es una de las leyes más importantes en cuanto al funcionamiento del Estado, por su vinculación con la implementación de las políticas públicas. Sin embargo, a más de 17 años de su vigencia, la ciudadanía no tiene conocimiento suficiente de los principios que postula y los procedimientos que establece.
El propio Estado tiene aún importantes deficiencias en la interpretación y aplicación de la ley. La importancia del conocimiento de esta ley está vinculada con otras cuestiones importantes: seguridad jurídica y objetividad en la valoración de la gestión pública.
Seguridad jurídica. Es sin duda, una de las materias pendientes más importantes, cuya falencia también tiene repercusiones en el área de las compras públicas.
Esta falencia se evidencia en casos concretos que alcanzaron instancias judiciales y en los que el Estado asume posiciones contrarias a su propio ordenamiento jurídico en materia de precios de adquisiciones. La ley de Contrataciones Públicas establece procedimientos específicos para la confección de los precios de referencia de cada procedimiento de contratación; este precio actúa como indicador del costo aproximado del bien, obra o servicio que se pretende adquirir.
