El informe Ocupación Informal No Agropecuaria, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en un periodo comprendido entre el 2016 y el 2021, señaló que el porcentaje de la población que se desempeña en una ocupación clasificada como informal alcanza el 64%. De esta forma, unas 1.805.000 personas trabajan en condiciones de vulnerabilidad, no están inscriptas en el Registro Único del Contribuyente (RUC), no aportan a un sistema jubilatorio y perciben, en promedio, menos que el sueldo mínimo.
El INE muestra que el mayor nivel de ocupación informal en el país se concentra en el grupo de jóvenes de 15 a 19 años. El 94% de los integrantes de este grupo etario se ve obligada a desarrollar su actividad laboral en condiciones informales.
Por otra parte, entre la población adulta mayor, los valores de ocupación informal alcanzan el 80%. Así, ocho de cada diez adultos de 65 años y más están ocupados en un empleo informal. Los niveles más bajos de ocupación informal se registran entre los adultos de entre 30 y 54 años.
La tasa de informalidad femenina es superior a la masculina. Mientras, el 66,3% de las mujeres ocupadas trabaja en un empleo informal, el 62,6% de los hombres desarrolla sus actividades laborales en condiciones informales.
Una de las actividades con alta participación de ocupados informales en el año 2021 es la construcción (87%), de hecho, nueve de cada diez obreros trabaja en condiciones informales, de acuerdo con los datos del INE. Otras áreas como el comercio, restaurantes y hoteles (69,3%) e industrias manufactureras (62,7%) le siguen en la lista de actividades que concentran informalidad.
Uno de los datos más resaltantes del estudio Ocupación Informal No Agropecuaria muestran que, por ejemplo, persisten altos índices de informalidad entre los empleados domésticos. El 96,3% de estos trabajadores, nueve de cada diez, desempeña su actividad laboral en condiciones vulnerables.
DESPROTECCIÓN
La economista Verónica Serafini recordó que una primera y fundamental causa de la informalidad laboral es la desprotección que enfrentan los trabajadores.
“El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) es relativamente nuevo a pesar de que el trabajo es la principal fuente de ingresos de las familias paraguayas. Actualmente, tienen apenas 22 fiscalizadores por todo el país. En Paraguay, sale casi gratis incumplir la ley y quedar impune. El sector público ni siquiera puede controlar el cumplimiento de las normas laborales de empresas proveedoras al Estado. Con los montos de facturación que tienen es inadmisible que no cumplan con el IPS. En el caso de las microempresas, el costo de ser formal en SET es todavía relativamente alto, no solo para entrar sino mantenerse”, analizó.
En esta misma línea, Serafini sostuvo que los datos del INE muestran que las microempresas fueron las más afectadas por la pandemia. “Para ellas casi no hay políticas de apoyo ni antes ni durante, salvo algunas muy limitadas”, recalcó.
La base imponible del sueldo mínimo para las personas que trabajan por cuenta propia, especialmente para los jóvenes, constituye otro de los factores estructurales que afecta a la formalización, indicó la economista.
“Para quienes trabajan por cuenta propia es muy difícil financiarse. El sistema está pensado para el trabajo en relación de dependencia a lo que se agrega la escasa fiscalización”, resaltó.
Finalmente, Serafini enfatizó que en Paraguay sale “muy barato ser evasor”. “Quién protege a un trabajador de la construcción, esa es función del sector público. Lo mismo sucede con las trabajadoras domésticas”, concluyó.
