La Comisión Permanente del Congreso Nacional, presidida por el senador Colym Soroka, recibió a representantes de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, quienes expusieron la situación actual de las personas afectadas y los detalles de cobros judiciales y embargos múltiples registrados en distintos puntos del país.
En representación de la Coordinadora de Víctimas, el señor Pedro Coronel detalló ante los miembros de la Comisión Permanente que unas 17.000 personas se encuentran afectadas por este esquema, con un promedio de descuento mensual de alrededor de G. 3.000.000 por persona.
Agregó que esto representa aproximadamente G. 51.000 millones al mes(más de US$ 8 millones al tipo de cambio actual) y G. 612.000 millones anuales, montos que serían descontados a las víctimas en el marco de procesos ejecutivos presuntamente irregulares.
Los representantes manifestaron ante la Comisión Permanente la celeridad con que se firmaban resoluciones y la falta de respeto a las garantías del debido proceso. En ese sentido, señalaron que la organización presentó varias propuestas ante la Corte Suprema de Justicia, entre ellas la suspensión de embargos ejecutivos, la designación de jueces especiales, la extensión del horario de los juzgados y la articulación interinstitucional con los poderes Ejecutivo y Legislativo, sin que ninguna de estas iniciativas haya recibido respuesta oficial.
Por su parte, el presidente de la Comisión Permanente, senador Colym Soroka, anunció que convocará al fiscal general del Estado y a representantes del Poder Judicial, a fin de solicitar informes detallados sobre jueces, fiscales, abogados y empresarios presuntamente involucrados.
“Tenemos que saber con exactitud si hay imputados, si hay procesados y cuándo la justicia va a dar una señal clara con relación a este abuso”, señaló el legislador, al indicar que, por los montos involucrados y la cantidad de personas afectadas, el caso presenta características propias del crimen organizado.
Asimismo, el senador adelantó que se encuentra trabajando en un proyecto de ley que contemple el resarcimiento económico a las víctimas, por parte de los responsables de los cobros indebidos.
Al término de la reunión, referentes de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés remarcaron que, debido a la presión económica, muchas personas afectadas presentaron cuadros de ansiedad y depresión, e incluso se registraron casos de suicidio.
Finalmente, desde la Comisión Permanente se reiteró el compromiso de dar seguimiento al caso, impulsar las convocatorias anunciadas y acompañar las acciones orientadas a esclarecer los hechos y garantizar el respeto de los derechos de las personas afectadas.
Por Alfredo Schramm.
