Tras dos reuniones, una de ellas incidentada, los diputados de la bancada “B” de la Cámara de Diputados decidieron no acompañar en bloque el juicio político contra Sandra Quiñónez, Fiscal General del Estado.
Tras la reunión de la mañana donde Hugo Capurro y Enrique Mineur casi llegan a los golpes, decidieron rechazar el pedido de destitución.
Hugo Ramírez, Diputado por la ANR (oficialista), bancada impulsora del juicio político, afirmó que esto no cambia el plan, y que, de igual manera, seguirán buscando los votos antes de presentar el pedido ante el pleno de la Cámara Baja.
“Vamos a seguir trabajando en lo nuestro. Tratando de tener la mayor cantidad de firmas en el libelo acusatorio. Después buscaremos los votos para iniciar el proceso de juicio político, antes de pasar al siguiente paso constitucional que es el Senado”, detalló.
Comentó que no tienen prisas ni tampoco pausas, para presentar el libelo acusatorio ante el pleno de la Cámara Baja.
“No tenemos plan ‘B’, solo plan ‘A’. Primero definimos impulsar como bancada el juicio político. Lo hicimos en un debate acompañado por unanimidad. Luego definimos una mesa de trabajo para la conformación de la mesa de trabajo. Posterior a eso, estamos buscando los votos”, sentenció.
Se necesita reunir una mayoría de dos tercios de los presentes para lograr la aprobación del juicio político (53 votos si están presentes los 80 legisladores). Hasta el momento, el bloque que apoya la destitución contaría con 46 votos y necesita 7 más para alcanzar el mínimo requerido.
La bancada llanista cuenta con 8 legisladores, se trata de los siguientes diputados; Édgar Ortiz, Marcelo Salinas, Hugo Capurro, Manuel Trinidad, Sergio Rojas, María López Rotela, Enrique Mineur y José Reinaldo Rodríguez. Según el mismo Blas Llano, el diputado Celso Maldonado también se incorporaría, pero esto aún no se oficializó.
CAUSAS
El libelo acusatorio cuenta con 10 causales de destitución. Una de ellas es la inacción del Ministerio Público en la sanción de los autores y cómplices en el daño patrimonial al presupuesto público en torno a la construcción del inconcluso “Proyecto de Reconversión Urbana Metrobús”.
Otra es la complicidad de la Fiscalía con las autoridades de los bancos ya que no emitieron las alertas (Reportes de Operación Sospechosa ROS) en el caso Darío Messer y a pesar de ello, aún no fueron procesados.
También se menciona el asesinato de Rodrigo Quintana, joven dirigente del Partido Liberal (PLRA), en manos de policías en la propia sede partidaria. Hasta la fecha, el caso sigue sin esclarecerse.
También figura la falta de avances en casos emblemáticos de corrupción como los de Óscar “Nenecho” Rodríguez, intendente de Asunción y Hugo Javier González, gobernador de Central.
