La Ley N° 6562 de la reducción de la utilización de papel en la gestión pública y su reemplazo por el formato digital “papel cero” entrará en vigencia a partir del próximo año, pero al igual que otras normativas al parecer no se cumpliría ya que la institución encargada de digitalización no está lo suficientemente preparada.
Hasta la fecha ni siguiera se ha reglamentado a la misma y el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (MITIC), tampoco se ha movido mucho para concretar su famoso “agenda digital”, pese a que cuenta con los recursos.
En este sentido, cabe recordar que el Congreso Nacional aprobó para el Mitic un préstamo por US$ 130 millones a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objeto de que realice la conectividad del Estado. Así también, el FEEI (Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación) le otorgó un monto adicional de US$ 62 millones para fines similares.
Según los proyectistas de la Ley “papel cero”, en el primer año de aplicación, el Estado se ahorraría aproximadamente G. 30.000 millones, pero esto está condicionado con el avance en los proyectos de conectividad y digitalización del MITIC.
El proyecto establece que para el año que viene se reduzcan en un 30% los fondos destinados a la compra de papeles, lo que daría como resultado un gran ahorro para las arcas del Estado.
En este sentido, el diputado Tito Ibarrola (PH), uno de los proyectistas señaló que “sin duda es un paso importante para el redireccionamiento de esos fondos a carteras más primordiales como salud pública, teniendo en cuenta que la pandemia ha afectado en gran medida a las arcas del Estado”.
Asimismo dijo que la ley tendrá los resultados esperados en la medida que el Mitic cumpla con los proyectos del Estado en el campo de conectividad, en el proceso de digitalización de las gestiones y de esta manera poder ahorrar en papeles.
“Lo que esperamos es que todas las instituciones del Estado se vayan adecuando a la digitalización para que a partir del 2022 lleguemos al 50% en la reducción del uso del papel y eso depende en gran medida del Mitic”, agregó, e insistió en el rol fundamental de la cartera del Estado en la reglamentación y aplicación de la mencionada ley.
Por su parte, el senador Alberto “tony” Apuril dijo que hasta ahora no se sabe con certeza cómo avanza la famosa red nacional de fibra óptica. “Desde la propia Mitic dicen que no está terminada, no está claro aún cómo vamos a conectarnos al mundo y tampoco sabemos nada de la agenda digital y los avances de los procesos en la administración pública. Finalmente, el ahorro de G. 30.000 podría estar en riesgo”, indicó.
Agregó que proyectos como “Papel Cero” para hacer más eficientes las gestiones y ahorrar costos al Estado, son importantes y necesarios porque eso es lo que necesitamos como país, “sin embargo, de nada nos va a servir ahorrar G. 30.000 o 50.000 millones al año, si en contraposición las instituciones encargadas del proceso de digitalización, que disponen cientos de millones de dólares, no están a la altura de esta situación y siguen sin presentar resultados”.
REGLAMENTACIÓN EN PRESIDENCIA
El Director General de Gobierno Electrónico del Mitic, Klaus Pistilli, señaló que la propuesta para la reglamentación de la ley ya está a consideración de la Presidencia. Aseguró que en la institución cuentan con varios proyectos que van alienados de alguna y otra manera con lo dicta la Ley.
Señaló que estiman podrán cumplir con la implementación gradual establecida en la mencionada normativa y que con la agenda digital pretenden digitalizar alrededor de 120 trámites que simplificará la vida de las personas.
Comentó que desde el Mitic están abocados ahora mismo en digitalizar a las instituciones del Poder Ejecutivo y para luego hacer lo mismo con otras entidades. “Estamos en interacciones con otros poderes del Estado, buscando cumplir lo que la Ley dice, en el periodo que establece”, añadió.
Por último dijo que según las estimaciones que tienen, la inversión que se necesitaría para llevar adelante la digitalización de las entidades serían unos US$ 100 millones.
