Es imperativo para la Justicia, con la Fiscalía General al frente
Quienes hayan visto la película “Sicario” recordarán una escena escalofriante. Tras ocupar un bunker de narcotraficantes, los agentes encontraron que las paredes huecas del edificio ocultaban cadáveres envueltos en plástico, como momias egipcias. Era la forma como el cartel perseguido hacía desaparecer a la competencia. El lavado de dinero procedente de delitos previos como el tráfico de drogas, secuestro extorsivo, contrabando y evasión de impuestos, asume esta metodología para convertir enormes cantidades de dinero sucio en activos aparentemente legales. Sólo así se puede justificar el surgimiento de enormes fortunas en personas que hasta entonces no podrían justificar el ingreso siquiera de un salario mínimo. La masividad de estas maniobras trasciende el mero manejo de dinero sino que también se extiende a toda clase de activos como está dejando en claro el “Operativo Ultranza”, desplegado en el país con apoyo de la DEA y Europol. Esta iniciativa multiinstitucional va a desembocar en causas cuyas caratulas van a estar llenas de nombres de relumbre público y político.
Ahora bien. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la justicia paraguaya? La pregunta no es gratuita. Basta recordar el rincón sombrío en el que se congeló el “caso Messer”, socio y amigo del expresidente Cartes. Dentro de la investigación de un esquema internacional de lavado de activos, Messer está sospechado de recibir US$ 600.000 en efectivo a través de su esposa Myra Athayde. La mujer, apelando al recurso de delación premiada, aseguró a la justicia brasileña que ese dinero le fue entregado en el estacionamiento del Hotel Sheraton de Asunción por Eduardo Campos cuando era presidente del Banco Amambay. Sin embargo, pese al cúmulo de evidencias provenientes de Brasil, la justicia paraguaya jamás se movió para investigar este hecho que involucra directamente a la entidad bancaria propiedad del expresidente Cartes. Campos es hoy miembro del directorio de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción que en 2021 negoció valores por Gs. 2,1 billones o US$ 300 millones.
Medir el alcance de las conexiones del lavado de activos en el sistema financiero debe ser prioridad para la justicia, con la Fiscalía General a la cabeza abriendo, todos los procesos que hagan falta. Debe hacerlo por iniciativa propia, no a los empujones desde afuera.
Y tiene que ser ahora.
