Es lamentable observar en los procesos judiciales donde se involucra el lavado de activos la escasa confianza que tenemos en nuestras instituciones encargadas de perseguir este tipo de delitos y de aquellos que deberían sancionar los hechos delictivos como tal.
Ahora mismo, en la cuestión investigadora de los casos de Cartes y sus empresas, comienzan primero a cuestionar el informe de Seprelad, después van a decir que la Fiscalía no tuvo todos los recursos y van a buscar que se enfríe la circunstancia.
La única manera que parece que estos delitos transnacionales puedan ser recurribles y sancionables es que algún país como Estados Unidos tome el caso como una cuestión relevante a sus intereses; de lo contrario vamos a seguir el mismo tranco en todos los casos donde aparecen hechos de este tipo y comienza a plantearse la cuestión de que es un asunto político y no judicial.
Por ese camino -casi siempre- estamos tirando la pelota hacia fuera y nunca estamos limpiando la casa sucia que tenemos.
