Quedando en el completo desamparo por parte de las autoridades, la reserva San Rafael se encuentra luchando con los escasos recursos disponibles para hacer frente a actividades ilícitas que amenazan con desplazar su biodiversidad y ecosistema.
Ubicada entre el norte del departamento de Itapúa y el sur del departamento de Caazapá, la reserva San Rafael alberga 73.000 hectáreas, a la cual se suman otras 5.000, teniendo en cuenta el Cerro San Rafael. La inmensidad natural encontrada en la zona no solo representa un enorme resguardo para la biodiversidad, sino también una ligera protección para las 13 comunidades indígenas albergadas en el territorio.
Una amplitud arbórea y grandes extensiones territoriales son una de las características principales notadas en la reserva, pero dentro de la misma se encuentra el otro lado de la imponente naturaleza, pues la tala indiscriminada de árboles y los incendios son siniestros atravesados en San Rafael, que dejan estragos en diversos puntos de la reserva.
De acuerdo a las declaraciones de la Dra. Alicia Eisenkölbl, directora ejecutiva de la organización Pro Cordillera San Rafael (Pro Cosara), solo durante el año pasado se registró un total del 30% de la reserva afectada debido a los incendios forestales. De hecho, el 2020 fue el año más difícil en cuanto al control de incendios.
Dra. Alicia Eisenkölbl
La extracción de madera es una de las problemáticas más importantes en la reserva, relacionadas con actividades ilícitas; así también el cambio de uso de suelo aprovechando áreas quemadas, hecho prohibido, pues dichas áreas deberían regenerarse. La situación se ve empeorada por el poco interés y participación de las autoridades para interiorizarse en la problemática y hacer algo al respecto.
Teniendo en cuenta los datos de la directora de Pro Cosara, para conseguir una restauración de una gran magnitud, recordando la inmensidad de la reserva San Rafael, se debe esperar entre 30 a 50 años.
Semanalmente realizan patrullajes y entre una o dos veces al mes envían sus denuncias, aguardando alguna iniciativa para llevar a cabo monitoreos en la zona. Como mínimo ya tienen 10 denuncias instaladas en el Mades, Infona, la secretaría del medioambiente de la gobernación de Itapúa y la fiscalía ambiental de Encarnación.
“Más que brindarnos una mesa de entrada, no hacen nada y alegan que no pueden acudir a la reserva a realizar las verificaciones pertinentes por falta de recursos. Solo conozco dos ocasiones en las cuales intervino la fiscalía, ambos relacionados a invasiones campesinas; por hechos relacionados a la extracción ilegal de maderas, aún no han intervenido”, resaltó la vocera.
LA RESERVA
Para la Dra. Eisenkölbl, la conservación de la reserva se dificulta porque el predio pertenece a más de 60 propietarios y estos no saben cuando sus tierras son invadidas, hecho informado únicamente por las organizaciones a cargo. Luego ellos son demandados por las extracciones registradas, pues poseen los títulos de propiedad, cuando no guardan ninguna relación o responsabilidad en las actividades.
Catalino López
Por su parte, Catalino López, uno de los indígenas que forma parte de la comunidad Mbya Guarani, asentada en la reserva, manifestó que solicita constantemente la investigación de la situación de la zona.
“Aquí no se protege al medioambiente y nosotros protestamos, pero nadie nos hace caso. Todo parece un negociado porque las autoridades nunca vinieron a ver lo que pasa acá”, expresó el nativo.
Alegando que también son paraguayos y ven afectados sus propios árboles, imploró el cese de la tala indiscriminada que es llevada a cabo incluso bajo la propia complicidad de las autoridades.
