Un golpe parlamentario, el edificio del Congreso en llamas y el asesinato del joven liberal Rodrido Quintana, tras el atropello policial a la sede del PLRA, constituyen algunos de los secesos que marcaron al 31M, la noche en que ardió la República.
En este aniversario de la serie de sucesos trágicos del “marzo paraguayo de Cartes”, la Justicia sigue sin poder determinar quién dio la orden de atacar la sede del principal partido de oposición, donde asesinaron posteriormente al joven Quintana. Hoy, a cinco años del nefasto episodio, la impunidad se ciñó sobre la causa, comentó el senador Salyn Buzarquis, quien acompañó la lucha en contra de la enmienda.
“Cuando inició la represión policial, estaba muy cerca del diputado Édgar Acosta. Fue entonces que le dispararon, ver completamente sangrando a un compañero y siendo llevado de urgencia, lo recuerdo muy fuerte”, relató.
En relación a la falta de acciones por parte de la Justicia para esclarecer la causa, el parlamentario recalcó que estos cinco años se pueden asociar con la palabra impunidad.
“No se llegó a hacer justicia para Rodrigo Quintana. Hay autores morales e intelectuales que jamás fueron investigados por la Fiscalía. Nunca hubo voluntad en llegar a profundidad e investigar el episodio. Hay un gran retroceso en materia de calidad de institucionalidad y, especialmente, en la aplicación de la justicia”, afirmó Buzarquis.
En esta misma línea, el legislador cuestionó la falta de coherencia del Ministerio Público, pues mientras se aboca a investigar y sancionar de forma “lapidaria” a Stiben Patrón por supuestamente quemar la sede parlamentaria, en el caso de la muerte de Rodrigo Quintana ni siquiera hubo investigación.
“Esto demuestra un favoritismo absoluto del sistema de justicia hacia los grupos mafiosos que hoy dominan este poder del Estado”, expresó.
UNA HAZAÑA QUE NO PROSPERA
Previo al incidente del 31M, se instaló en la sociedad un debate respecto a si la enmienda constitucional era o no la vía correcta para permitir la reelección presidencial, pese a que la Carta Magna lo prohíbe.
La socióloga Milda Rivarola recordó que juristas involucrados en la confección de la Constitución Nacional abogaron por el hecho de que la enmienda no era la vía para acceder a la reelección presidencial debido a los riesgos históricos que supone dicha figura para el Paraguay.
“Cada presidente que entra, quiere quedarse, y hace lo imposible para hacerlo por sus propios medios o a través de un delegado suyo. El desarrollo político de los últimos 30 años confirmó el temor de los juristas reunidos en la constituyente. Ese riesgo continúa dentro de la lógica de la política paraguaya y es sumamente preocupante”, sostuvo.
Asimismo, la analista recordó que la impunidad no solo se ciñó sobre el 31M, sino también sobre los casos de corrupción de gobiernos colorados y la protección a sectores del crimen organizado.
“Los sucesivos gobiernos colorados, salvo por una breve interrupción del luguismo, retornaron a la política paraguaya prácticas que eran del stronismo: una de ellas es el control directo del Poder Judicial. Este es un mecanismo para llegar a un sistema no democrático. Estamos abandonando los logros de una República democrática”, apuntó.
Finalmente, Rivarola mostró su preocupación respecto a que estallidos sociales como el del 31M, que frenó un atropello constitucional, no conducen a una movilización ciudadana permanente que desemboque en cambios sustanciales para el país.
“No se traducen en votos y son como estallidos nada más. Se convierten en actos epopéyicos que no tienen continuidad. Debemos encontrar formas de dar continuidad a estos reclamos ciudadanos, porque o sino hay muertos y heridos, se queman edificios, pero esto no conduce a ninguna reforma importante”, concluyó.
