Lo que la Jueza ya imputada Tania Irún y el Ministro de la Corte Suprema de Justicia pretenden es entregar 310.048 hectáreas de tierras a firmas offshore, que ni siquiera están constituidas en el país, lo que viola la ley que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles en zona fronteriza.
Las tierras están valuadas en USD 500.000.000 y existen varios intereses en juego en torno al caso. Originalmente, las más de 300.000 hectáreas pertenece a la «Iglesia de la Unificación», pero tras una demanda, la jueza Irún obligó por resolución transferirlas a favor de 4 firmas offshore: Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom Investments.
Todo se inició años atrás, cuando el hijo del reverendo Moon, Hyun Jin Preston Moon visitó Paraguay en el 2008 y realizó una declaración completamente falsa. Preston incluso había sido apartado de la Iglesia de Unificación internacional, ya que aparentemente desviaba fondos de la organización.
En su visita a Paraguay, Hyun Jin Preston Moon en connivencia con autoridades de la Iglesia local, declararon mentiras y falsificaron actas de asamblea de dación en pago, ya que según sus declaraciones existía peligro de expropiación de las tierras por parte del Estado Paraguayo.
Todos los implicados en la falsificación de documentos fueron imputados junto con Hyun Jin Preston Moon en octubre de 2017, pero hasta ahora no se pudo avanzar en el proceso, ya que los imputados dilatan permanente el caso. Actualmente el expediente está estancado en la Corte Suprema de Justicia.
En medio de esta situación también se realizó una demanda reclamando el cumplimiento del contrato de dación en pago, que básicamente implica trasferir las 310.048 hectáreas a las firmas de maletines. La demanda se realizó ante el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial, a cargo de la imputada Tania Irún.
En el 2018, la jueza Irún dictó resolución, obligando a transferir las tierras, pero posteriormente la magistrada fue imputada por prevaricato y apartada por el Jurado de Enjuiciamiento por haber firmado irregularmente la resolución de la demanda.
Tania Irún actuó de manera más que sospechosa en todo el proceso, hasta interrumpió su licencia por maternidad para dictar la resolución. Además Irún fue denunciada por acceso indebido a sistemas informáticos, ya que la misma tenía licencia por maternidad.
La cámara de apelación ratificó la actuación irregular de Tania Irún. Posteriormente los afectados recurrieron a una inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, pero en febrero de 2022, el presidente de la Corte Suprema, Antonio Fretes y el Ministro César Diesel rechazaron in limine el pedido.
El ministro Antonio Fretes, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia fue el encargado de rechazar su propia recusación y no se apartó de la causa como establece el artículo 31 del código procesal civil, exponiéndose también así a una investigación penal por prevaricato.
El propio Ministerio de Defensa, por medio de la Comisión de la Zona de Seguridad Fronteriza, confirmó que las más de 22 fincas que la jueza Irún ordenó transferir a los extranjeros por medio de las empresas de maletín están dentro del espacio que se rige por la «ley de territorialidad».
El artículo 1 de la ley 2352 establece zona de seguridad fronteriza la franja de 50 kilómetros adyacente a la líneas de frontera terrestre y fluvial. Además el art 8 de la misma ley establece que los actos jurídicos que están en contra de lo dispuesto en la ley serán nulos.
Según la comisión interinstitucional de la zona de seguridad fronteriza, sólo en Canindeyú, un total de 2189 brasileños poseen 4749 lotes que totalizan 306.952 hectáreas. Es decir, 50% de toda la zona de seguridad fronteriza en este este departamento la ocupan los brasileños, situación absolutamente irregular.
Asimismo en el departamento de Alto Paraná, el 35% de toda la zona de seguridad fronteriza está ocupada por brasileños, según el informe la comisión interinstitucional de la zona de seguridad fronteriza.
A pesar de la ley que limita a extranjeros a comprar tierras a menos de 50 km de la frontera, la jueza Tania Irún y el presidente de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes autorizaron la venta, violando la legislación que claramente indica que estas tierras están protegidas y no pueden ser transferidas a extranjeros, por una cuestión de defensa de nuestro territorio y nuestra soberanía.
