A través de PDS Judicial Radio y TV Digital se dio a conocer que los Registros Públicos habrían falsificado sellos de la institución para posibilitar la transferencia de un inmueble de US$ 3.000.000 para estafar a un banco. Además, se intentó sobornar a otro funcionario de la institución para evitar la denuncia, según relató el comunicador Alfredo Guachiré.
Así, el Consejo de Superintendencia de la Corte ordenó un sumario y dispuso la suspensión de dos jefas y dos funcionarios de los Registros. Sin embargo, el caso en cuestión sacó a relucir una serie de denuncias que se encontraban “bajo el tapete” de la institución, en contubernio con las principales autoridades de la Corte Suprema de Justicia.
Al equipo de El Independiente facilitaron diversas denuncias de irregularidades por la emisión de títulos falsos y superpuestos dentro de Registros Públicos. De acuerdo a la denunciante, que accedió a este tipo de informaciones dentro de sus funciones en la auditoría de la institución, las acusaciones se estancaban por la propia anuencia de los Ministros de turno de la Corte Suprema de Justicia.
Aparte de las denuncias particulares, también surgieron otras por parte del propio Colegio de Escribanos, pero todos los documentos al final eran ignorados, sin llegar a resolución alguna. Las quejas apuntan a un nombre en particular que encabeza todo este esquema de corrupción en Registros Públicos: la Dra. Lourdes González Pereira.
Al parecer la directora de la institución daba la orden para la falsificación de los delitos mencionados y cuando los denunciantes acudían a la Corte Suprema de Justicia para exponer los casos, el entonces Ministro José Raúl Torres Kirmser, luego Alicia Pucheta y actualmente el Dr. Antonio Fretes, no dieron ningún tipo de seguimiento sobre el caso.
Así también, las denuncias también abarcaron a Ana María Apodaca, acusándola de poseer una oficina particular donde se manejan las falsificaciones expuestas. Por otra parte, los pagos habitualmente se hacen vía giro y por este tipo de procedimientos, Registros Públicos es donde más dinero entra y actualmente sostiene al Poder Judicial.
SIN NADA QUE VER
“Los días en los que ocurrieron los hechos yo me encontraba en Pilar y una vez que tuve conocimiento del caso lo mande denunciar al instante al Consejo de Superintendencia de la Corte”, declaró la directora de Registros Públicos, refiriéndose sobre el caso de los funcionarios suspendidos.
Dra. Lourdes González Pereira
La directora explicó que la escritura ingresó a la institución el 24 de marzo a petición de una jefa de mesa de entrada, ya actuando fuera de los procedimientos establecidos. La escribana encargada luego argumentó que el documento tenía errores; se da mesa de entrada a la escritura y se asegura su devolución en la brevedad, pero nada de estos procesos correspondían.
Sin embargo, al ser devuelta la escritura, la jefa de sección se percata de que no contenía la hoja de seguridad notarial, documento con el cual ingresa toda escritura pública y se verifica el pago de tasas e impuestos a la transferencia. Posteriormente, aparece una escribana y menciona que una persona se le acercó con las pretensiones de negociar unos pagarés con un banco.
Al ser solicitada la escritura, las autoridades se percataron que pertenecía a la misma escritura retenida en mesa de entrada por 24 horas. En ese instante la jefa de sección se comunica con la Dra. González Pereira y esta solicita al instante la realización de la denuncia del caso.
De esta manera, la titular de Registros Públicos expresó que no se encuentra ligada al primer caso ni a ningún otro, pues ni siquiera cuenta con denuncia alguna sobre ella o su gestión y en más de 20 años de experiencia ha trabajado en la resolución de más de 4.000 casos de denuncias por falsificación dentro de Registros Públicos.
“A todo aquel que me acuse lo animo a realizar su denuncia con pruebas porque en caso contrario voy a realizar una querella correspondiente”, determinó la Dra. González Pereira.
