El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró este lunes que el país está obligado a cumplir “sobre la base de la buena fe” con el convenio de cooperación suscrito en 2020 con la Unión Europea (UE) para fortalecer el sistema educativo y cuya continuidad está amenazada por un proyecto de la Cámara Baja que busca derogarlo.
En un comunicado, la Cancillería fijó su posición en medio del debate que se ha abierto en el país a raíz de las discusiones del Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 y que sus detractores han vinculado con la asistencia de 38 millones de euros (unos US$ 40 millones) estipulada en el documento que Paraguay rubricó con la UE y fue avalado por el Congreso.
“El convenio constituye un tratado internacional vigente, que fue firmado, aprobado y debidamente ratificado conforme a lo dispuesto a los mandatos constitucionales correspondientes”, aclaró la cartera de Exteriores.
En ese sentido, puso de presente su “preocupación” por el Proyecto de Ley que Deroga la Vigencia de la Ley 6659/20, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Financiación firmado entre la República del Paraguay y la Unión Europea para el “Programa de Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en el Paraguay y sus anexos”.
Según la Cancillería, el proceso de aprobación del acuerdo se cumplió “debidamente” en 2020 con el visto bueno de ambas cámaras y el “dictamen favorable de siete comisiones”.
Además, explicó que el artículo 37 de la Constitución establece que un instrumento internacional aprobado y ratificado, “al ser una norma superior”, no puede ser derogado por otra “de menor jerarquía, como lo es una ley de orden interno”.
En ese contexto, puntualizó que una suspensión o terminación “solo puede darse conforme a las disposiciones del propio tratado o por consentimiento de las partes en el mismo”.
“En razón de lo expuesto -añade el comunicado-, el Estado paraguayo está obligado a cumplir los términos del Convenio sobre la base de la buena fe (principio pacta sunt servanda). Esto genera responsabilidades recíprocas”.
El Ministerio de Exteriores subraya entonces “la importancia de preservar la imagen del país como un socio confiable y respetuoso del derecho internacional”.
Los críticos del Plan Nacional de Transformación Educativa, que recibe recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), se oponen a su implementación por considerar que incorpora la ideología de género, extremo que ha sido desmentido por el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez.
Fuente: EFE.
