El caso de la exjueza Tania Irún es el claro reflejo de una justicia podrida. Entregó tierras valuadas en 500 millones de dólares a empresas offshore, violando así la ley de territorialidad y soberanía.
Para hacer esto, hasta interrumpió su licencia por maternidad. La entonces jueza estaba con permiso desde el 24 de septiembre de 2018 al 15 de marzo del 2019. Sin embargo, el 20 de noviembre de 2018 solicitó que se deje sin efecto su permiso para firmar la resolución y entregar las tierras irregularmente. El Consejo de Superintendencia de la Corte lo dejó sin efecto el 23/11/18, mismo día en que Tania Irún firmó la citada resolución, pero la notificación que deja sin efecto su permiso de maternidad se realizó recién el 28/11/18. Otra irregularidad más del proceso.
Posteriormente, la exjueza Tania Irún fue denunciada en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y separada de su cargo. También fue denunciada e imputada por prevaricato ya que violó la ley 2532 de la franja de seguridad fronteriza. Pero Irún no actuó sola, también contó con la complicidad de la cámara de apelación, integrada por los cuestionados magistrados Miguel Ángel Rodas, Antonia López y Stella Maris Zárate, que ratificaron la actuación irregular de la ex magistrada, cometiendo prevaricato.
Otros cómplices de la imputada y exmagistrada Tania Irún son el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia Antonio Frentes y el ministro César Diesel, ambos rechazaron in limine el pedido de inconstitucionalidad que presentaron los afectados sobre la actuación irregular de Irún. Además, Fretes rechazó su propia recusación y no se apartó de la causa como establece el artículo 31 de código procesal civil, exponiéndose también a una investigación penal por prevaricato.
Cabe recordar que el Ministerio de Defensa, por medio de la Comisión de la Zona de Seguridad Fronteriza, confirmó que las más de 22 fincas que la exjueza Irún ordenó transferir a los extranjeros por medio de empresas offshore están dentro de la franja de seguridad fronteriza.
El caso Tania Irún es reflejo de una justicia podrida, donde a pesar de una ley que prohíbe a extranjeros comprar tierras en la zona de seguridad fronteriza, una jueza lo autorizó, actuando en complicidad con otras autoridades judiciales, incluyendo al propio Antonio Fretes.
