“Juicio de Mocipar marcha lento pero seguro”

Ayer en horas de la mañana se realizó una nueva audiencia sobre estafa contra Fernando Román Martínez y Orlando Benítez, ambos exdirectivos de Mocipar. La misma es impulsada por 149 víctimas de la firma y se desarrolló en el juzgado penal de garantías número 2.

Gustavo Franco, uno de los abogados de las víctimas de Mocipar, informó que Javier Zacarías Irún, senador nacional y presidente de la firma Gestiones del Este SA también denunció a Román Martínez por lesión de confianza.

Para el letrado, con esto el legislador busca desmarcarse del empresario. Para entender el contexto hay que saber que Román Martínez era uno de los directivos de Mocipar y también de Gestiones del Este SA, empresa de Zacarías Irún.

Durante los últimos años, y con muchas deudas encima, Román Martínez hacía firmar cheques a Zacarías Irún con fondos de Gestiones del Este SA pero que eran destinados para pagos de Mocipar. Con la promesa de que tarde o temprano sería reembolsado todo el dinero prestado.

Tal cosa no ocurrió. Y a dos años de estos hechos (la firma de cheques se produjo en el 2019), Zacarías Irún alega que desconocía que los cheques firmados eran para Mocipar.

Franco afirma que existen documentaciones que vinculan a Zacarías Irún con la estafa de Mocipar. Y con esto busca deslindar responsabilidades.

NUEVA DENUNCIA
Franco adelantó que evalúan una nueva denuncia contra Durand. Pero primero analizará el trabajo de la Contraloría y de la Fiscalía. Estas dos instituciones ya debieron haber actuado por las inconsistencias dentro de la declaración jurada de bienes que presentó el exministro del MUVH.

El objetivo es que Durand se sincere sobre todos sus bienes. Ya que muchas de sus propiedades pertenecen en realidad a Mocipar. De esta manera podrán ser subastadas y el dinero devuelto a las víctimas.

Dentro del grupo de víctimas existen 500 miembros. Pero más de 3000 serían las víctimas reales. Entre ellas personas que pagaron durante más de 10 años con la esperanza del vehículo o la casa propia.

En octubre del 2019 ingresaron a la firma alrededor de 500 personas. Lo lamentable es que solo cuatro meses después la empresa se declaraba en quiebra.
“Queremos hacer una asociación de estafados. Para tener más fuerza y recuperar lo perdido”, explicó.

DURAND
La fiscal Stella Marys Cano, excluyó a Dany Durand del caso ya en el 2019. Esto, a pesar de que la denuncia de las víctimas era sobre personas innominadas.
Sin embargo, para el letrado, el político siempre estará vinculado al caso por más que haya vendido sus acciones hace un par de años.

“Decir que solicitó permiso para ejercer su nuevo cargo legislativo en el 2013 no es válido. Ya que en los siguientes años seguía firmando documentos como directivo de la empresa”, expresó.

Finalmente señaló que el juicio no marcha como él quisiera ya que aparecen personas que enlentecen el proceso.
“El caso marcha lentamente. Pero por lo menos marcha como debe de ir”, manifestó finalmente.

DILIGENCIAS
Gessy Ruiz Díaz, también abogada de las víctimas, adelantó que ahora están abocados en hacer algunas diligencias para continuar con el caso. Por ejemplo, definir quiénes fueron los supuestos ganadores.

Cabe recordar que la firma no daba detalles sobre sus clientes que eran adjudicados con las viviendas o vehículos a lo largo de las tres últimas décadas.
El objetivo de esto es saber si los beneficiarios existen. Y si es así, qué tipo de vínculo tienen con la misma firma.

“Vamos a requerir documentos faltantes dentro de la investigación. Una de las más importantes es conocer los supuestos adjudicados. Pediremos al Ministerio Público que vea estos documentos”, expresó.