El pedido fue realizado en enero del 2021, la respuesta llegó un año después. Sin embargo, no fue la esperada por los legisladores.
“Ellos alegan que no nos van a proveer los contratos millonarios suscritos. Porque supuestamente es una entidad que se sustrae a la ley de información pública. Es decir, toda la información solo les pertenece a ellos y no al pueblo paraguayo”, afirmó González en sus redes sociales el pasado jueves.
Por esta situación, los legisladores recurrirán a un amparo constitucional, para lograr la entrega de los informes solicitados. Solicitaron el apoyo de la ciudadanía como medio de presión para que la Itaipú termine entregando los informes.
“Tienen una decena de abogados, lo que ellos hacen es contratar asesores externos por montos que desconocemos. Debe ser mucho más de US$ 400 mil por eso se niegan a transparentar. Lo que dicen las autoridades de Itaipú es que son un Estado dentro de otro Estado”, cuestionó González.
Finalmente, cuestionó que esto demuestra que las negociaciones para la revisión del tratado de la Itaipú, no serán favorables para el pueblo paraguayo. Atendiendo, que existe poca transparencia en gastos millonarios e innecesarios.
DESPILFARRO
Cecilia Vuyk, politóloga y experta en temas energéticos, cuestionó que el despilfarro arbitrario y sin control del dinero de las familias trabajadoras a través de Itaipú es algo que continúa impune.
“Esto debe cesar ya, terminando con el blindaje de la binacional y manejando de forma soberana Itaipú desde el pueblo, con su dirección y presupuesto lado paraguayo incorporados al Estado”, instó.
Acto seguido, informó que la binacional también pagará US$ 1.445 millones este 2022 por la deuda corrupta que ya fue totalmente saldada.
“Su ilegalidad ya quedó demostrada en el informe de la Contraloría General de la República publicada el año pasado”, dijo.
ANTECEDENTES
No es la primera vez que las autoridades de la Itaipú son cuestionadas por la contratación de abogados externos.
A fines de mayo, la binacional contrató al estudio jurídico de Daniel Mendonca para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esto, luego de que Contraloría anunciará la auditoría de los fondos socio ambientales y de obras.
Lo llamativo, es que Itaipú cuenta con una dirección jurídica. La titular en el cargo es Magnolia Mendoza, esposa del senador Silvio “Beto” Ovelar. La misma percibe unos G. 100 millones al mes. Sin embargo, la binacional debe recurrir a otros profesionales para presentar una acción de inconstitucionalidad.
