Eduardo Nakayama – @edu_nakayama
La República se sustenta en una supuesta división de poderes que debería mantener un recíproco control para evitar las supremacía de cualquiera de ellos en detrimento de las demás, lo que constituiría un quiebre democrático.
La Democracia, a su vez, se sustenta en el Estado de Derecho y en la supremacía de la ley por sobre las instituciones y cualquier intento por crear privilegios con ciudadanos de primera o segunda clase, debiendo estar todos en pie de igualdad ante la Justicia.
Infelizmente eso es lo que dice la teoría y plasmado en bellas palabras “apenas” en la Constitución Nacional, porque en la práctica sabemos que desde hace décadas tal división de poderes no es tal o al menos se divide sólo en dos en el Paraguay: 1) el poder político (al cual está sometida la Justicia) y 2) el poder fáctico (al cual está sometido gran parte del poder político y por ende, también la Justicia).
El poder fáctico (que en nuestro país se halla asociado al crimen organizado) coloca a sus operadores en la política y desde allí nombra, sostiene o depone fiscales, jueces, camaristas o ministros de corte afines, sometiendo de esta manera al Ministerio Público y al Poder Judicial; no en vano la justicia en el Paraguay se halla entre las más corruptas del mundo y 138/141 por su falta de independencia
De los tres poderes del Estado, por sus propias características, el único que no es cambiado por elecciones directas cada 5 años es el Judicial (y todo su sistema) que además en su núcleo estructural permanece más o menos sin modificaciones profundas desde incluso los tiempos del dictador Alfredo Stroessner.
Salvo raras excepciones de algunos ministros o magistrados que destacaron por su lucidez y honradez en la aplicación de la justicia durante este periodo de transición a la democracia, el Tribunal en Sajonia ha sido más bien asiento de oportunistas sometidos al poder político desde su llegada, traficantes de sentencias judiciales y cómplices del crimen organizado, duros con los ladrones de gallinas pero ciegos al tratar temas de corrupción, lavado de dinero o tráfico de drogas.
Este sistema de (in)justicia no sólo corroe a la República, sino que ahuyenta las inversiones y compromete a la democracia, siendo angustioso avanzar hacia nuevas metas como sociedad cuando no contamos con justicia o una Astrea que quitándose las vendas, no procura siquiera la Aequitas, sino discriminar artificialmente a sus ciudadanos creando a los de primera y de segunda categoría por medio de la impunidad.
