La iniciativa popular constituye un derecho consagrado en el artículo Nº 123 de la Constitución Nacional y faculta a los electores presentar de forma directa proyectos de ley ante al Congreso, sin necesidad de que un parlamentario deba “apadrinar” la iniciativa.
No obstante, en 30 años de vigencia de la legislación, ni una sola ley nació a partir de la iniciativa popular, que está garantizado en la Carta Magna. Esto se debe principalmente a los inconvenientes de logística que puede presentar el mecanismo.
“Si bien es un derecho que tienen los ciudadanos, la forma en que el tribunal electoral establece que su cumplimiento es muy complejo. Se requiere la recolección de una cantidad de firmas equivalente al 2% del padrón. Son cerca de 100.000 firmas las que hoy necesitaríamos para apuntar a que un proyecto llegue al Congreso. Además, esta colecta de firmas se realiza a mano, en planillas que solamente el Tribunal Electoral puede proveer”, explicó Robert Cano, exministro de Educación.
En compañía principalmente de jóvenes universitarios, el extitular de la cartera educativa busca facilitar mediante un proyecto de ley la iniciativa popular, apuntando a que el mecanismo permita ahora la utilización de firmas electrónicas para conseguir que un proyecto llegue hasta el Congreso de la Nación.
Así, desde hace más de cinco años, los propulsores de la simplificación del mecanismo de iniciativa popular recolectan firmas y pretenden presentar las modificaciones de la garantía constitucional el próximo 20 de junio, fecha que celebra el aniversario número 30 de la procuración de la Constitución Nacional.
“La tecnología hoy en día nos permite el uso de las firmas electrónicas de forma gratuita y ágil, desde cualquier teléfono celular. Ayer, justamente presentamos al TSJE las firmas que hemos colectado a lo largo de cinco años, que nos van a permitir presentar al Congreso la transformación el 20 de junio, queremos aprovechar que se cumplen 20 años de la procuración de la Constitución Nacional y darle al Congreso lo que sería potencialmente la primera ley nacida por esta vía”, resaltó.
Una vez que se facilite el mecanismo de presentación de firmas, comenzarán a surgir entre la ciudadanía diversos proyectos de ley para poner en debate temas controversiales que los parlamentarios no desean tratar, apuntó Robert Cano.
“Por ejemplo, existieron diversos intentos de criminalizar la corrupción, pero no han prosperado. Esta es una señal inequívoca de que el Congreso no quiere tratar esos temas. Sin embargo, estoy seguro de que si nosotros lanzamos una iniciativa popular vía firmas electrónicas la ciudadanía completa se va a volcar en favor de esto. Cuando una gran cantidad de personas se suma, el Congreso va a tomar en serio el tema y debatirlo en profundidad para poder adaptar las leyes a lo que el Paraguay necesita”, enfatizó.
Hasta el momento, la iniciativa de simplificar el mecanismo de la iniciativa popular cuenta con el apoyo de diversos sectores políticos, adelantó el exministro de Educación.
“Hemos tenido el apoyo importante de diversos sectores. Tampoco pueden ponerse en contra de esto. Si lo hacen, esa una negativa a la participación. La idea es que cuando entre en el debate parlamentario, el proyecto pueda tener un tratamiento rápido. No hay ningún argumento que pueda impedir su aprobación”, recalcó.
En esta misma línea, Cano concluyó que “el día que este proyecto se promulgue va a ser una victoria ciudadana. Será fundamental para los jóvenes que, mediante este instrumento, van a poder tener voz en el proceso de construcción de un marco legal de las necesidades futuras”.
