En el reporte de evaluación de Gafilat se reveló que hasta el 44% del total de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de dinero son por casos de corrupción y van encriptados directamente a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez. Sin embargo, en los últimos años el índice de sentencias por lavado es muy bajo en relación a los informes de inteligencia que recibió el Ministerio Público.
El informe final sobre el examen que rindió el Paraguay ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafilat) revela que, en los últimos seis años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad) remitió al Ministerio Público un total de 748 informes. El documento señala que del total de los documentos enviados hasta la Fiscalía el 70% no motivaron el inicio de una investigación penal, en la mayoría de los casos lo que ocurrió es que los datos se incorporaron a causas que ya estaban en curso.
Hasta el año pasado había en curso al menos unos 39 casos de lavado que están en proceso de investigación, de ese número, apenas 9 condenas se habían obtenido. Un dato que llamó mucho la atención de los evaluadores es que en el Ministerio Público el registro y seguimiento de los casos se tiene en una “planilla de Excel” que no permite guardar la estadística de las dependencias o fiscalías a los que fueron entregados esos reportes, o siquiera, un registro de retroalimentación del seguimiento que se le está dando a las causas. “Por esa razón no hay certeza sobre el número de investigaciones que han sido apoyadas con base en esta información o su estado procesal actual”, resaltaron los examinadores.
Con respecto a cómo se mueve la información sobre el contenido de esos reportes de inteligencia, el documento señala que en su gran mayoría llegan hasta la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), pero también y en menor medida, por otros reguladores como el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), la Comisión Nacional de Valores (CNV), Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) e instituciones como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Corte Suprema de Justicia, Secretaría Nacional Anticorrupción y la Superintendencia de Seguros del BCP.
PRINCIPALES CASOS
Hasta un 44% del total de los reportes de operaciones sospechosas son por casos de corrupción y, en segundo lugar, aparecen delitos como el contrabando y el narcotráfico. En los últimos seis años el número de estos informes que remiten a Seprelad los sujetos obligados se incrementó pasando de un promedio anual de 2.840 ROS a un total de 17.107. El 90% de estas alertas provinieron del sistema bancario.
El Gafilat destaca que en Paraguay la mayoría de las investigaciones de lavado de dinero derivan del oficio del Ministerio Público, sin embargo, “llama la atención el bajo número de investigaciones abiertas en comparación con el número de delitos identificados como amenaza de lavado o vinculados”. Para el los evaluadores hay dos problemas importantes, hay poca coordinación entre las unidades de investigación y las autoridades que persiguen estos delitos, y, además, faltan reglas claras para iniciar investigaciones financieras paralelas.
Todos los informes de inteligencia financiera que envía Seprelad van directamente a la fiscal general a través de un sistema encriptado y en el que solo ella, tiene la potestad de derivar a quien comparte esta información para que proceda a abrir una investigación.
