El Banco Central del Paraguay remitió al Senado un informe de 31 páginas que expone actuaciones de supervisión sobre ueno bank, Sudameris e Itaú. El documento aborda operaciones crediticias, empresas vinculadas, medidas excepcionales y controles tecnológicos, además de confirmar procedimientos administrativos en curso.
El Banco Central del Paraguay (BCP) remitió a la Cámara de Senadores un informe de 31 páginas en el que detalla observaciones, actuaciones de supervisión y decisiones regulatorias relacionadas con distintas entidades del sistema financiero. Las respuestas, entregadas el 7 de octubre, permiten conocer procedimientos administrativos, medidas correctivas y mecanismos de control aplicados por la Superintendencia de Bancos.
El documento aborda situaciones diferentes que involucran a ueno bank, Sudameris e Itaú, además de cuestiones relacionadas con el funcionamiento interno del organismo regulador. Si bien confirma actuaciones de fiscalización, no todas las observaciones representan infracciones comprobadas.
Venta de créditos y empresas vinculadas
En el apartado relacionado con ueno bank, el BCP responde sobre operaciones de venta de carteras crediticias y los controles destinados a verificar posibles vinculaciones entre las partes involucradas.
El organismo confirma la existencia de un sumario administrativo relacionado con una operación de venta de cartera. Asimismo, señala que, durante el análisis de un exceso considerado, la Superintendencia de Bancos requirió incorporar determinadas personas jurídicas a un grupo vinculado y adoptar medidas para regularizar la situación.
Sin embargo, el informe no establece de manera concluyente que la venta de créditos haya sido simulada ni que los recursos utilizados para adquirirlos provinieran del mismo grupo empresarial.
Medidas excepcionales para Sudameris y observaciones a Itaú
En otro apartado, el Banco Central detalla medidas regulatorias excepcionales autorizadas durante el proceso de absorción de Banco Regional por parte de Sudameris.
Estas disposiciones abarcaron aspectos relacionados con reservas legales, previsiones, bonos subordinados y gastos asociados a la fusión. El organismo también informó que determinados indicadores de solvencia disminuyeron respecto del ejercicio anterior, aunque permanecieron por encima de los mínimos regulatorios.
Respecto a Itaú, el informe reconoce observaciones vinculadas con la gestión de riesgos tecnológicos y controles de ciberseguridad, además de medidas correctivas. Las respuestas también abordan reclamos por presuntos fraudes electrónicos y los mecanismos de supervisión aplicados.
Un memorando fuera de los canales oficiales
El documento también expone un episodio relacionado con un memorando del 10 de julio de 2026, atribuido al entonces gerente de Supervisión, Fernando Rivarola, sobre determinadas operaciones crediticias.
Según el BCP, la comunicación circuló por correo electrónico fuera de los canales oficiales de gestión documental y no reunía los requisitos para ser considerada un acto administrativo válido.
No obstante, el organismo sostiene que las cuestiones planteadas fueron consideradas en los trabajos de supervisión y que posteriormente se adoptaron medidas correctivas.
Recursos del IPS y alcance de la supervisión
El informe también incluye datos sobre los depósitos del Instituto de Previsión Social (IPS) en el sistema financiero, que totalizan aproximadamente G. 11,70 billones. De ese monto, el 73,4% corresponde a colocaciones a plazo y el 26,6% a depósitos a la vista.
Las respuestas del BCP muestran diferentes actuaciones regulatorias, desde requerimientos de regularización hasta autorizaciones excepcionales y procedimientos administrativos.
No obstante, el documento no permite concluir que exista una crisis generalizada del sistema bancario ni establece responsabilidades definitivas en los procedimientos pendientes. El alcance de las observaciones dependerá de los resultados de las investigaciones y del cumplimiento de las medidas dispuestas por el organismo supervisor.
