Un año muy singular ha sido el 2020 y la pandemia sigue teniendo un impacto en numerosos ámbitos. En Paraguay, los derechos humanos han estado en el centro de una inercia política y social derivada de las medidas de respuesta y mitigación del coronavirus.
Hace 25 años ininterrumpidos, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) viene lanzando su reporte anual sobre la situación de los derechos humanos en el país. El informe se hace de forma articulada con las organizaciones de su red, así como otras personas que son invitadas a escribir temas específicos, pero siempre desde la óptica de la sociedad civil.
“El documento se ha convertido en un poderoso instrumento de exigibilidad ciudadana que, en manos de las organizaciones sociales, se ha transformado en argumento y reivindicación de diferentes demandas, siendo esta, acaso, una de sus funciones más destacadas en las luchas cotidianas por mejores condiciones de vida para toda la sociedad”, mencionó Oscar Ayala Amarilla, secretario Ejecutivo de la Codehupy.
El directivo agregó que a diferencia de otros años, por la intensidad misma de la pandemia y las preocupaciones generadas por todo lo que supone un evento de esta naturaleza, hubo un nivel de exposición de situaciones que históricamente sufre el Paraguay en términos de derechos humanos.
No solamente en relación con la precariedad de un sistema de salud pública incapaz de garantizar el derecho universal, gratuito y de calidad a los paraguayos, sino que contribuyó a que quede en evidencia la incapacidad estructural del Estado Paraguayo para garantizar un conjunto amplio de derechos humanos económicos y sacó a la luz numerosas falencias de cara a las medidas de contingencia.
“En este tipo de coyuntura donde la sociedad tiene que adoptar medidas de protección, la autoridad es clave. Cuando el Ministerio de Salud o el Poder Ejecutivo concluyen que lo más razonable es el aislamiento y la adopción de otras medidas de protección, no solamente deben tener la autoridad normalmente establecida, sino la legitimidad para que puedan ser oídos por el pueblo”, aseguró Ayala.
Dijo que en este tiempo se generaron varias reacciones sociales en diferentes ciudades del país ante un Gobierno que ha tomado medidas equivocadas, que ha estado comprometido en hechos de corrupción y tuvo que apelar a la mano dura para en una primera etapa hacer respetar el aislamiento.
“Todos estos eventos generan reacciones sociales y le restan legitimidad a la autoridad. Hay en discusión un problema de legitimidad a la hora de establecer medidas de cuidado durante la pandemia. Los actos de las autoridades deben ser transparentes ante los ojos de la sociedad y eso no fue lo que observamos en esta ocasión”, afirmó el secretario Ejecutivo.
VULNERADOS
Los indígenas han sido un sector muy vulnerable históricamente hablando. Según Ayala estas comunidades no tuvieron asistencia en materia de alimentación y, por la cantidad de tiempo en aislamiento, la ayuda humanitaria fue mínima. Además, contó que hubo una importante crisis de abastecimiento de agua potable, mientras que el Ejecutivo pedía a toda la población lavarse sistemáticamente las manos como medida de protección.
Otro asunto importante que se evidenció en este tiempo fue el aumento de casos de violencia hacia mujeres y niños en sus hogares, tomado como indicador las denuncias que se efectuaron en la policía y el Ministerio Público, y existe un desamparo hacia estos temas.
Mientras, el colectivo LGBTIQ+ también sufrió las consecuencias de ser uno de los más olvidados por las autoridades, víctimas de numerosos actos de violencia.
“Esta comunidad no está en los planes sociales, no tienen trabajo formal y se dedican al trabajo sexual”, precisó. El informe de la Codehupy, además de poner en relieve las diferentes dificultades que existen en el país y las preocupaciones que tiene la sociedad, hace un conjunto de recomendaciones en cada uno de los capítulos.
“Hay un llamamiento fuerte a que el Estado retome el diálogo, la iniciativa de reformar el sistema de salud pública, pero sobre la base de que pueda ajustarse a un modelo donde el Estado sea fortalecido y garantice a todos los ciudadanos un sistema de salud pública de calidad y gratuito”, detalló.
Finalmente, insistió en la reforma agraria que hoy tiene un impulso fuerte para preservar lo poco que queda de la agricultura familiar campesina y proteger a la población rural ante el fuerte avance de los agronegocios que se fueron quedando con sus tierras y desplazaron comunidades enteras.
“Existe una necesidad de avanzar hacia la consolidación de un esquema de protección social que esté destinado a dar salvaguardas y garantías a aquellos sectores informales”, concluyó Ayala.
