El senador Blas Lanzoni, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en su reunión ordinaria de la fecha, recibió a Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), quien solicitó justicia para el comunicador Humberto Coronel, asesinado por un sicario, frente a una radio en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.
El SPP solicita que los trabajadores de prensa de Pedro Juan Caballero puedan ejercer su labor con garantías en una zona roja del Paraguay y, además, exigen que el crimen no quede en la impunidad.
Al respecto los miembros de la Comisión de Derechos Humanos se comprometieron a presentar este jueves un proyecto de declaración donde repudian enérgicamente estos actos que van en detrimento de los Derechos Humanos. Además de comprometerse a dar trámite e impulsar el estudio y tratamiento para su posterior presentación oficial del anteproyecto de ley “De protección a periodistas y defensores de derechos humanos”.
En ese sentido, el senador Blas Lanzoni, se comprometió a que, en un plazo máximo de 30 días, se presente el anteproyecto el cual está siendo analizado por una mesa de trabajo. En otro momento, los senadores recibieron al abogado Dante Leguizamón, secretario ejecutivo de CODEHUPY, quien presentó el anteproyecto de ley “Que modifica varias disposiciones contenidas en la ley N° 5162/14 art 120, 121 y 122 del Código de Ejecución Penal para la República del Paraguay”, impulsada por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).
El senador Lanzoni, manifestó que esta iniciativa ha sido analizada por los propios reclusos con la posibilidad de una modificación del Código de Ejecución Penal de los artículos 120, 121,122, donde se darían mayor control a los que están hoy tratando de conseguir reducción de sus penas.
Asimismo, explicó que, para que se de esta reducción se tiene que tomar en cuenta su trabajo en los talleres y también a las personas privadas de libertad que estén estudiando. “Hoy tenemos la posibilidad de que esas personas que están privadas de su libertad puedan terminar su escuela primaria, la media y también algunos casos hasta poder elegir una carrera universitaria que, un convenio con una universidad privada -muy conocida- que permite que se pueda llevar adelante estas carreras en la penitenciaría”, resaltó. Los miembros de la Comisión resolvieron dar un plazo de 30 días para un mejor estudio y presentación oficial del anteproyecto.
Finalmente, se realizó la presentación de las denuncias e irregularidades obrantes en la Comisión de Derechos Humanos por supuestas violaciones a los derechos laborales, acoso y malos tratos cometidas por el defensor del Pueblo en el ejercicio de sus funciones.
Al respecto, los miembros de esta instancia legislativa dieron seguimiento y han realizado un pedido de informe a la Defensoría del Pueblo junto con un dossier de denuncias recibidas que tomaron estado público e involucran a Miguel Godoy, titular de la Defensoría del Pueblo.
