El coronavirus ha traído enfermedad, muerte y como si esto no fuera suficiente, la angustia económica en el mundo entero no se ha hecho esperar, siendo una de las evidencias más palpables la quiebra o cierre de micro, pequeñas e incluso medianas empresas lo que, por definición, reduce la competencia y fortalece a monopolios y oligopolios, en detrimento de los consumidores y el mercado.
Autoridades de Competencia a nivel mundial, como las de Estados Unidos y Reino Unido, entre otras, han advertido que el contexto actual podría ser utilizado por agentes económicos para, por ejemplo, reducir la oferta y generar una escasez ficticia con sus obvias consecuencias, repartos de mercado, alza concertada de precios, reducciones concertadas de salarios, etc.
Es por ello que se torna indispensable debatir sobre el rol que las autoridades de defensa de la competencia y del consumidor deben asumir para evitar que esta crisis se convierta en justificación para coordinaciones ilegales o actos abusivos por parte de empresas que han adquirido una posición dominante y que pueden distorsionar el mercado con prácticas anticompetitivas.
Un mercado saludable, con actores económicos que compiten efectivamente, por ganar la fidelidad del consumidor o la puja en contrataciones estatales, a través de calidad, innovación y desarrollo a precios razonables, tendrá como resultado no solamente un incremento de la competitividad y productividad en el mercado nacional, sino que nos permitirá expandirnos a mercados internacionales, lo cual se verá reflejado en un crecimiento sostenido de la economía, con una elevación simultánea del nivel de vida de la población.
Analizar la crisis actual bajo la lupa de las políticas de competencia tiene como finalidad crear y promover una cultura de competencia efectiva como herramienta indispensable para el crecimiento económico y el bienestar del consumidor.
