La responsabilidad penal en Paraguay se requiere a los 14 años de edad, según explicó la abogada y socióloga Diana Vargas Núñez, quien tiene experiencia en Derechos Humanos y coordinación de programas en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.
Los datos oficiales del Ministerio de Justicia detallan que en Paraguay los Centros Educativos, que son los centros penitenciarios para adolescentes infractores con la Ley, existen un total de 192 personas privadas de libertad, de los cuales el 95 % son hombres y 5 % son mujeres.
Otro de los puntos importantes a señalar es que actualmente, tenemos 128 adolescentes entre 14 y 17 años que se encuentran privados de libertad en los Centros Educativos de todo el país. Mientras que 64 de las personas encarceladas tienen entre 18 y 20 años, pero están en las cárceles para menores de edad porque cometieron hechos punibles sin tener la mayoría de edad.
Además, del total de adolescentes y jóvenes que se encuentran tras las rejas, 44 de ellos tienen condena y 77 están con medida de prisión preventiva. Es decir, solamente 23 % están condenados.
INVISIBLES A VISIBLES
Por otra parte, Diana Vargas Núñez, remarca que la situación de la niñez y adolescencia en Paraguay refleja claramente un deterioro de atención, porque no se trabaja en el fondo de la cuestión social, y la respuesta cuando comete un hecho punible es simplemente la punibilidad y la cárcel.
Explicó que en el ritmo acelerado en la que se dan los problemas y dinámicas sociales, las instituciones que deben de dar respuesta a las necesidades de la niñez y adolescencia no acompañan de manera amplia el proceso, ya que se dan respuestas burocráticas alejadas de la realidad, que no se acerca a la realidad de las familias, de las comunidades.
El claro ejemplo que mencionó es la niña de 14 años procesada por el homicidio del chipero y que tenía una medida de «Abrigo» en su expediente, pero que sólo quedó en el expediente y nadie abordó, (el abrigo consiste en la ubicación del niño o adolescente en una entidad destinada a su protección y cuidado).
“Para muchos operadores solo existe está en el expediente, pero cuando se trata de la vida de las personas lo que existe es la realidad, su contexto y eso es lo que le determina finalmente, y si no abordamos esa realidad comunitaria, familiar, muy lejos estamos de respuestas que puedan ser llamadas integrales”, manifestó Vargas Núñez.
En muchos casos las instituciones no asumen el rol protagónico de intervenir para salvaguardar la vida de una o un adolescente en situación de vulnerabilidad, y remarca como ejemplo de nuevo que incluso la Policía sabía del escenario en que vivía la menor de la zona del Abasto, sin embargo ante el abandono de su propia familia el Estado no actúo para protegerla y terminó expuesta en la calle.
“Una vez ocurrido el hecho, actúa rápido el Juzgado, donde está clarísimo que va a ir a la cárcel, pero cuando necesitó protección todo fue complejo. Pero ahora dentro del sistema penal se va a tratar su adicción, ahora está encerrada, ahora la ruta es clarísima, pero incoherente”, señaló.
En Paraguay, la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes no es abordada, y en general es como que nadie ve que en las calles se van deteriorando sus realidades.
“Hacemos como que no los vemos, miramos con total indiferencia, y las instituciones que intervienen de acuerdo a su obligación, son intervenciones ineficientes por distintas razones, pero se intervienen hasta que llegan a los 14 años porque a esa edad ya lo podemos meter al sistema penal y que se ocupe la cárcel”, enfatizó la profesional del Derecho.
FALTA INVERSIÓN
Uno de los puntos abordados por la abogada Diana Vargas Núñez fue la inversión, porque en Paraguay se destinan mayores recursos para militarización que para programas de protección y atención a niños, niñas y adolescentes-
“Lo que hoy vemos es muestra de la debilidad del sistema de protección de la niñez. Tenemos un discurso de país profamilia, pero no invertimos en fortalecer la capacidad del cuidado de familias”, comentó en una entrevista con L25.
Esto también, hace referencia a que el Estado no genera políticas o programas para el fortalecimiento de las familias en labores de cuidado. “En el mundo lo que se hace es invertir para apoyar a las familias en el cuidado”, indicó.
CIFRAS
128 adolescentes entre 14 y 17 años se encuentran privados de libertad en los Centros Educativos.
