Un informe de Amnistía Internacional puso sobre el tapete la situación de desinformación de las personas que se encontraban albergadas los últimos meses tras su arribo al país. La organización llamó a las autoridades paraguayas a evitar recurrir a métodos represivos y discriminatorios en la implementación de medidas de salud pública.
Tras conocer el documento, el ministro asesor de Asuntos Internacionales, Federico González salió a aclarar los hecho ante la acusación de haber “cercenado los derechos humanos de los migrantes paraguayos que regresaron al país” en el marco de la emergencia sanitaria.
Dijo que se sorprendió, alegando que el Gobierno es promotor de los derechos humanos. “Más de 19 mil compatriotas fueron repatriados, tenemos la evidencia y el testimonio de ellos de qué tipos de tratos recibieron y que están recibiendo otros 2.400 en albergues. No sabemos a qué viene, negamos categóricamente y rechazamos esas acusaciones que son infundadas”, expresó el funcionario del Estado.
Explicó que la posición del Gobierno es el diálogo y su abierta predisposición con los organismos internacionales para no señalar sin conocimiento alguno. “Hace 6 meses que estamos haciendo un esfuerzo muy grande y es injusto una acusación de este tipo”, sentenció Federico González.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, embajador Antonio Rivas Palacios, dijo que sorprende que Amnistía Internacional tenga que emitir un informe sin conocer los detalles de la situación en el Paraguay, con relación a los albergues sanitarios dispuestos por el Gobierno Nacional para las personas que ingresan al país para cumplir con una cuarentena obligatoria, de manera a evitar la propagación del COVID-19 en el territorio.
“Nos sorprende en el sentido de que nuevamente emiten opiniones sin conocer detalles de la situación en el Paraguay, se basan en informaciones no comprobadas, no existe hoy día una denuncia en contra de los albergues. Al contrario, esto nos ha permitido como país tener (controlada) la situación que hoy día tenemos. Si nos comparamos con otros países estamos relativamente mejor gracias a la implementación de albergues que se hizo desde un principio”, remarcó.
Indicó que, así como el Paraguay actúa con otras Organizaciones No Gubernamentales, primero sugiere a los mismos que se informen, que constaten la información que reciben y que luego emitan sus informes. “No es bueno emitir opiniones de esta manera inconsulta y sin verificar porque termina siendo una fake news (noticia falsa)”, resaltó.
Señaló que dentro de la correspondencia que tiene el Centro de Coordinación Interinstitucional (CCI) en apoyo al Ministerio de Salud, hoy se emitió un comunicado en rechazo a lo manifestado por Amnistía Internacional, “justamente por esa falta de veracidad y la poca seriedad en la información”.
AMNISTÍA INTERNACIONAL
Rosalía Vega, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Paraguay, acotó que el informe reconoce que los Estados pueden limitar ciertos derechos como la libertad de circulación cuando existe una necesidad en materia de salud pública, pero ha de ajustarse a la ley y tener un objetivo legítimo como en este caso, limitar el impacto de la pandemia.
“Las cuarentenas vigiladas masivas pueden constituir en la práctica privación de libertad. Los Estados deben garantizar que estas personas no sean consideradas como detenidas ni que sean tratadas como tales y que existen salvaguardias para prevenir que la detención se vuelva arbitraria”.
Señaló que si bien la falta de información para los albergados siguió siendo crítica, las condiciones en los albergues fueron mejorando con el tiempo. El informe realiza recomendaciones para difundir información clara, accesible, objetiva y fiable sobre los procedimientos en los centros de cuarentena, así como garantizar que tengan acceso a asistencia médica y asesoramiento jurídico.
Finalmente, invitó a las autoridades nacionales a que lean el informe completo para conocer lo recabado y sostenido por la organización.
ANTECEDENTES
El 10 de marzo Paraguay declaró una cuarentena nacional y el 16 de marzo cerró parcialmente sus fronteras internacionales. Según la información de Amnistía Internacional en una fase inicial, entre abril y mayo, las autoridades llevaron a centenares de personas a depósitos y otros lugares inadecuados, a menudo carentes de servicios básicos y que los procedimientos contra los malos tratos en los centros de cuarentena, como el acceso a abogados y asesoramiento médico independiente, eran escasas.
Cabe destacar que inicialmente, la Organización Mundial de la Salud recomendaba la realización de pruebas al final de los 14 días, la versión revisada en agosto establece que ya no es requisito indispensable realizar pruebas a los contactos de casos probables o confirmados de Covid-19 que no desarrollen síntomas para abandonar la cuarentena.
Las directrices establecen que las personas de quienes se confirme que tienen la Covid-19 pueden salir del aislamiento después de dos pruebas negativas realizadas con una diferencia de 24 horas o tras un mínimo de 13 días, y al menos tres días después de haber dejado de tener síntomas.
“Amnistía Internacional recibió información de que hubo personas que habían estado sometidas a una cuarentena estatal obligatoria durante un periodo muy superior a 14 días, y que llegaron a estar más de un mes en estos centros. Constató que las personas recluidas en estos centros no tenían suficiente acceso a información sobre el tiempo que iban a permanecer detenidas ni sobre los criterios científicos que se aplicarían en un momento dado para decidir su alta de la cuarentena o el aislamiento”, señaló el documento.
El informe aseguró que los gobiernos que implementan cuarentenas obligatorias bajo el control del Estado deberán conceder a organizaciones humanitarias y monitores de derechos humanos acceso inmediato a estos centros y a cualquier lugar bajo jurisdicción y control del Estado donde se prive de libertad a personas por motivos de salud pública para que observen las condiciones, protejan de los malos tratos y proporcionen de manera urgente agua, alimentos y otros suministros a fin de cumplir las directrices de la OMS.
