Con presencia de los presidentes de los tres Poderes del Estado, el presidente Mario Abdo Benítez (Ejecutivo), el senador Óscar Salomón (Legislativo) y el ministro Alberto Martínez Simón (Judicial), se lanzó el nuevo Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021 – 2025, que es un proyecto financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). A la vista de distintos actores, sería solamente un documento que aglutina los distintos procesos, es decir, un refrito.
El presidente Abdo firmó el decreto por el cual se conforma el Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), coordinado por la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), a cargo del ministro René Fernández, y que estará integrado por 10 secretarías y ministerios.
Y aunque en el reglamento operativo se establece la participación de la sociedad civil, el documento no establece un mecanismo para dicho fin, y solo menciona que ENIT podrá solicitar la cooperación de organizaciones de la sociedad civil, a través de convenios suscritos a simple elección del coordinador general.
Dentro del Plan Nacional de Integridad se recurriría ya a los sistemas establecidos de acceso a información pública, como plataformas y procedimientos, y el fortalecimiento de las mismas. Pero, el cuestionamiento es cómo lograr fortalecimientos con instituciones altamente prebendarias, chicaneras y corruptas.
SOLO PAPELES
La presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay e integrante de la sociedad civil organizada Somos Anticorrupción Paraguay, María Esther Roa, tiene dudas sobre si servirá para modificar algo dentro de la estructura corrupta de los aparatos estatales.
“Considero que es un documento más como tantos otros que se firmaron. En Paraguay sobran normas, decretos, actos, convenios, pero lo que falta es que se cumplan realmente, cuando sabemos que está en el ánimo de los representantes de los tres poderes hacer frente a la corrupción, y uno encuentra diariamente dificultades para que sean transparentes”, dijo la activista.
Comentó que es un sistema que solamente genera burocracia, y que cuesta muchísimo poder acceder a información pública, a rendición de cuentas, a tener participación civil en el control.
Otro de los puntos que criticó también la doctora Roa es la labor del Poder Judicial, ya sea de las instancias de la Corte Suprema de Justicia, como las acciones del Ministerio Público.
Cuestionó que no hay una política institucional para combatir la corrupción, y prueba de ello es que no se declaró nunca el “Estado de Emergencia” de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público.
“Si quieren luchar contra la corrupción, lo primero que tienen que hacer es fortalecer la UDEA, pero nunca van a hacer, porque el día que hagan eso van a caer presidentes, ministros, legisladores y vamos a quedar sin autoridades”, sentenció Roa.
PARA LA GRADERÍA
Otro de los que cuestionó fuertemente el lanzamiento del Plan Nacional de Integridad fue el senador del Frente Guasu, Sixto Pereira, quien mencionó que forma parte de un show y generar una acción de propaganda.
“El papel aguantó todo y el infierno está colmado de buenas intenciones, dicen por ahí. Esto es una cuestión mediática”, remarcó el congresista.
Para Pereira esto es simplemente una “comida de plata de aquí para allá”, y ante los antecedentes le llega solamente al descredito.
“No creo absolutamente nada en este plan. No hay buena intención ni voluntad política real, entonces es un compromiso más que se hace en los papeles”, resaltó el senador.
¿COPY / PASTE?
Otro de los cuestionamientos relacionados al Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción, elaborado por el Poder Ejecutivo en coordinación con el Poder Judicial y el Poder Legislativo es que tiene básicamente la misma base de la Guía para un Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción en Gobiernos Regionales y Municipales, publicado en Perú en noviembre del 2019 por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
Este texto de la alta casa de estudios se realizó a partir del Decreto Supremo N° 044-2018-PCM Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que la presidencia del Perú firmó el 26 de abril de 2018.
¿QUIÉNES LA IMPULSAN?
Otro de los cuestionamientos es quienes impulsan este proceso y los actores que están detrás, desde el mismo presidente de la República cuya administración es salpicada por centenares hechos de corrupción.
De hecho, Abdo nunca tuvo la firmeza para destituir a los sospechados de corrupción, y de hecho la presión ciudadana fue la que llevó a la renuncia, por ejemplo, de Patricia Samudio de Petropar y Edgar Melgarejo de Dinac, a quienes el mandatario seguía sosteniendo, como lo hace con el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, de cuestionada labor.
Además aparece Juan Ernesto Villamayor, actual ministro del Gabinete Civil, quien ya formó parte del Gobierno de Luis Ángel González Macchi, y que bajo la actual administración también ocupó el Ministerio del Interior. Tuvo dos procesos por lesión de confianza, en el 2002 y en el 2005, y que supuestamente tuvo relacionamiento con Gumercindo Aguilar, el testigo falso del Magnicidio de Luis María Argaña.
Los representantes del Poder Legislativo, dominado por el Partido Colorado, ya sea por el senador Oscar Salomón o por el diputado Pedro Alliana, que siempre salieron a favor de los legisladores acusados de hechos de corrupción y por quienes se solicitó la pérdida de investidura o el desafuero para que sean sometidos a la Justicia.
La fiscal general Sandra Quiñónez y el presidente de la CSJ, Alberto Martínez Simón, cuyas instituciones tienen falencias en lograr condenas contra los corruptos, y no tienen la efectividad necesarias.
Entre otros actores de dudosa capacidad, de eficiencia, eficacia y honradez.
