El pasado viernes 14, la unidad fiscal de Anticorrupción de Asunción y el departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, allanaron la Gobernación de Caazapá, administrada por Pedro “Pipo” Díaz Verón (ANR, afín a Velázquez). Esto, tras las denuncias de supuestas malversaciones de fondos Covid-19 por más US$ 2 millones.
Osmar Legal, fiscal de anticorrupción, fue el encargado de encabezar el operativo. Se presume que el modus operandi fue a través de la sobrefacturación de obras.
De esta manera, Caazapá se suma a Central y Canindeyú que también fueron denunciadas por la supuesta malversación de recursos provenientes de la Ley de Emergencia.
ESPÍNOLA
El pasado miércoles 5 de enero, la Comisión Permanente aprobó un pedido de informes a las 17 gobernaciones sobre el destino de los US$ 2 millones que recibieron cada una, en el marco de la emergencia sanitaria.
Esto, a raíz de las denuncias que pesaban sobre Central y Canindeyú, atendiendo que aún no se desarrollaba el operativo de la Fiscalía y de la Policía Nacional en la sede de la gobernación de Caazapá.
Las gobernaciones tenían tiempo hasta el pasado miércoles 19 para responder (15 días de plazo), sin embargo, no remitieron sus informes.
Los impulsores del pedido de informe fueron Kattya González, diputada del partido Encuentro Nacional (PEN), además de Édgar Acosta y Teófilo Espínola, ambos diputados liberales.
Ante la negativa de las gobernaciones, Espínola expresó que no es la primera ocasión en que las instituciones no responden a los requerimientos del Congreso. En este caso a la Cámara de Diputados.
“Ya tuvimos hechos similares. Vamos a seguir reiterando. Se trata de información pública que debe ser transparentada. Hay muchas dudas y suspicacias. Lo que necesitamos es que los recursos proveídos por la emergencia sean transparentados”, informó.
Al ser consultado sobre el aumento en la cantidad de gobernaciones que protagonizaron un manejo irregular de estos recursos, afirmó que ello genera una incomodidad y una desconfianza en la ciudadanía.
“Son recursos de toda la ciudadanía, del pueblo paraguayo. Por eso estamos exigiendo. Debemos ayudar porque somos un organismo de control”, manifestó.
CONTEXTO
El pasado 1 de noviembre, Hugo Javier González, gobernador de Central (ANR), fue imputado por el Ministerio Público por la supuesta malversación de esos recursos provenientes de la Ley de Emergencia. Se trata de G. 5.100 millones (de los G. 6.400 millones que recibió como recursos de emergencia durante el 2020).
La suma fue entregada a la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), para la realización de obras públicas. Lo llamativo, es que las obras recién aparecieron varias semanas después de la imputación.
Algo similar sucedió en diciembre con César “Tigre” Ramírez, gobernador de Canindeyú. Al exfutbolista y actual político colorado cartista, se le acusa de desembolsar G. 5.100 millones a la oenegé Asociación Pro Desarrollo del Norte para la realización de obras públicas.
En este caso, lo llamativo es que dicha entidad, apenas fue fundada seis meses antes. Sin embargo, fue beneficiada con un millonario contrato.
