En Paraguay hoy existen 400 niños y niñas desaparecidos, 7 denuncias diarias por abuso a menores reciben sistemas como el 147 Fono Ayuda, 911, la fiscalía o defensoría de la niñez.
La concejal Liberal Fiorella Forestieri planteó sobre tablas en la última sesión de la Junta Municipal de Asunción la posibilidad de que se trabaje desde la comisión de legislación una norma local que incluso se encuentra en revisión también en un artículo de un proyecto de ley que se presentó el año pasado en la Cámara de Diputados y que aún no se estudió en el pleno. Es la posibilidad de crear un registro local de personas condenadas por abuso a menores o creación y distribución de pornografía infantil.
¿Qué es un registro local de personas condenadas por abuso a menores? Es un mapa virtual que no identifica con nombre y apellido a la persona, pero sí indica con un color 4 cuadras a la redonda donde vive esta persona con estos antecedentes.
De esta manera las familias están alertadas, o sea, ahora cuando alquiles, las inmobiliarias además de tu informe financiero te van a exigir tus antecedentes policiales y judiciales, ya que nadie quiere que baje el nivel de su zona y el valor de su inmueble por tener entre sus inquilinos a un condenado por abuso a menores.
En países como Estados Unidos, una persona que haya cumplido su condena al salir de la cárcel tiene prohibido vivir a cierta distancia de escuelas, colegios y parques, e incluso no pueden deambular cerca de estos espacios. En Paraguay esa parte de la legislación no existe, un pedófilo puede ser hasta profesor o propietario de un jardín de infantes, sin ningún impedimento legal.
Desde la Junta Municipal con esta propuesta pretenden que no se tenga que esperar a la aprobación de una ley nacional para empezar a mostrar un ejemplo de éxito en la capital del país.
Este tipo de propuestas también abren el debate sobre la cantidad de inmigrantes que llegan a Paraguay con una carpeta de antecedentes en delitos relacionados con abuso a menores o pornografía infantil y que ingresan al país sin ningún tipo de control. Los casos se conocen luego de que algún operativo conjunto con otro país desarticule parte del esquema.
La ley presentada en diputados busca ampliar las penas carcelarias para secuestradores y abusadores de menores. Actualmente nuestro sistema penal no admite la cadena perpetua ni la pena de muerte, que en estos casos vuelven a la discusión pública por el impacto de los hechos y la sensibilidad que genera en la ciudadanía.
