El pasado lunes, Hugo Velázquez, vicepresidente de la República y Benigno López, ministro de Hacienda, presentaron al Congreso el proyecto de ley que busca hacer modificaciones a la función pública.
Entre algunos de los cambios se citan un tope salarial que no supere el salario del presidente de la República (G. 37 millones), recorte de beneficios como exoneraciones en los servicios públicos, el concurso como única forma de ingreso y el aumento a cuatro para los años que se necesitan para lograr la estabilidad laboral.
María Estela Silva, de la coordinadora de funcionarios públicos, lamentó que perjudicando a los trabajadores que ganan menos, se pretenda solucionar el problema del derroche del gasto público.
“Existen licitaciones direccionadas. Y otros aspectos de la corrupción donde se debería controlar. Es ahí donde se derrocha más y no en los salarios de los funcionarios”, señaló.
HERMETISMO
La entrevistada coincidió con otros analistas en señalar que existe un hermetismo por parte de las autoridades encargadas de elaborar esta serie de modificaciones. Señalaron que si bien fueron invitadas a las reuniones, sin embargo, sus objeciones no fueron escuchadas.
“Nos quieren quitar el contrato colectivo, el derecho a la huelga, a la sindicalización. Somos alrededor de 60 gremios que estamos en contra de estas modificaciones”, señaló.
Acto seguido, Silva resaltó que la pandemia haya desnudo todas las precariedades en las que trabaja en funcionariado público. Sin embargo, al respecto, no se piensa hacer nada.
MOVILIZACIONES
En otro momento, Silva expresó que es consciente de que existen muchas cosas para mejorar, como la profesionalización, pero no puede hacerse así en estas condiciones, a las apuradas y en plena pandemia.
“Le digo a los funcionarios que vamos a perder muchas cosas. Que nos preparemos para confrontar y defender los derechos adquiridos”, señaló.
Específicamente, para la siguiente semana se esperan movilizaciones en reclamo de este proyecto de ley. De las marchas también estarían participando los dirigentes campesinos que reclaman desde hace varias semanas falta de apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Hace una semana, el Frente Sindical de Funcionarios Públicos, ya había enviado un comunicado al vicepresidente para informarle que organizarán una serie de movilizaciones en reclamo de lo establecido en el proyecto de ley.
Específicamente el reclamo es por la falta de reuniones virtuales a pedido de los funcionarios para expresar inquietudes. Así también porque en el tercer borrador del documento no se establecieron ninguna de las modificaciones solicitadas por el gremio.
OTRAS MODIFICACIONES
Además de los cambios ya citados, el documento establece que los funcionarios que hayan incurrido a hechos de corrupción, sean castigados con no volver a ocupar de por vida un cargo público. Así también el Fisco establecerá el rango de salarios para que los funcionarios puedan ir escalando a medida que se capaciten o tengan más antigüedad. Recordando que el tope salarial es de G. 37 millones.
