Un total de 30 frentistas afectados por las obras de duplicación de la ruta PY02 están en disputa por el cobro de las expropiaciones por los trabajos de circunvalación del proyecto. Los pobladores son del barrio Ciudad Nueva del kilómetro 135 de Coronel Oviedo, quienes están en contra del avance del proyecto antes de cobrar por sus inmuebles.
De acuerdo con lo que explicó el abogado Carlos Giménez, representante de los frentistas, el predio abarca más de 30 hectáreas y los actuales propietarios en su mayoría ya terminaron de pagar a la inmobiliaria, sin embargo, el anterior dueño, Rooselvet Benítez, también pretende cobrar la indemnización, por lo que la plata se depositó en una cuenta judicial.
“El ex dueño de la propiedad había firmado la inmobiliaria para poder lotear y vender. Fueron adquiridos por los actuales dueños, que ya fueron cancelados.. Cuando se compra un terreno a cuotas de una inmobiliaria, siempre va estar la obligación de transferir por escritura pública”, señaló el profesional del Derecho.
En esa línea explicó también que mientras no se perfecciona la compra, se firma como principio de prueba por escrito. Esta muestra la firma de un contrato privado en la cual se obliga a pagar y una vez concluido este proceso nace la obligación del vendedor de transferir al titular.
Resaltó que el dueño evade sistemáticamente la obligación de transferir por escritura pública a los compradores de los lotes.
“Entonces es responsabilidad de la inmobiliaria, es decir, como dueño debería de exigir a la inmobiliaria la rendición de cuenta y no querer percibir la indemnización nuevamente. Esa indemnización le corresponde a los compradores de los lotes. Al intentar percibir la indemnización sería un cobro indebido, porque es ilícito cobrar dos veces por una misma cosa”, dijo el abogado en otro momento.
Insistió que Rooselvet Benítez instaló una acción ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en donde pide la fijación del precio para la indemnización.
Ahora la Procuraduría General de la República se muestra parte porque al percatarse el MOPC que hay ocupantes adquirentes en estos lotes, se sabe a quien pagar porque el título está a nombre de Benítez. Sin embargo, las propiedades están ocupada por los compradores de buena fe que ya cancelaron sus cuentas.
“La Procuraduría plantea una demanda donde pide al juzgado la apertura de una cuenta corriente judicial para depositar las indemnizaciones que le corresponde a cada uno de los propietarios que cancelaron la compra y el juez determinará a quién corresponde pagar”, añadió.
En otro momento, aclaró que los propietarios pretenden cobrar un monto inferior al requerido para dejar avanzar el proyecto de duplicación.
La obra cuenta con una inversión de más de US$ 540 millones y comprende una longitud de 149,5 kilómetros desde Ypacaraí hasta Caaguazú, para luego hacer conexión con el tramo Tape Porã. Los beneficiarios directos serán más de 300.000 usuarios que transitan a diario por esta importante vía de Paraguay.
