Florida, un estado de EE.UU. donde es inmigrante alrededor del 20 % de la población, contará a partir del 1 de julio con una dura ley migratoria que, según sus críticos, “deshumaniza” a los indocumentados y perjudica a la economía local.
Las voces en contra de la ley, que se han escuchado a lo largo de todo el trámite legislativo, se acrecentaron con la llegada del texto al despacho del gobernador Ron DeSantis para su firma, que nadie duda que estampará, pues es el promotor.
Esta legislación busca crear una frontera falsa entre Florida y el resto de Estados Unidos. Está destinada a criminalizar a las personas que aún atraviesan por el complicado proceso de inmigración y a sus familias y amigos que visitan el estado”, dijo la directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida, Tessa Petit.
Renata Bozzetto, subdirectora de Florida Immigrant Coalition, se lamentó de que “un proyecto de ley con tantos problemas y con un increíble potencial de daño haya sido acelerado y todas las enmiendas rechazadas”.
“Este no es un problema rojo (republicano) o azul (demócrata), es un problema humano”, subrayó Bozzetto.
El factor económico
Las críticas a la ley vienen también desde el lado económico.
Samuel Vilchez Santiago, director en Florida de la American Business Immigration Coalition (ABIC), advirtió en unas declaraciones a EFE cuando el proyecto estaba todavía en el Congreso que “exacerbará severamente la aguda escasez de mano de obra en Florida” y eso perjudicará a los negocios y a los consumidores.
“Nuestras empresas tienen una gran necesidad de trabajadores en industrias clave como la construcción, la hospitalidad, la atención médica y la agricultura. Dependen en gran medida del trabajo de los inmigrantes indocumentados para mantener sus puertas abiertas”, añadió.
Como ejemplo, Vilchez dijo que en Florida por cada 100 puestos de trabajo abiertos solo se presentan 70 candidatos.
La ley de Florida en resumen
Los puntos clave de la ley que entrará en vigor el 1 de julio próximo son los siguientes:
– Requiere que las empresas con más de 25 empleados usen a la hora de contratar trabajadores el programa E-verify. Para determinar su estatus migratorio y establece multas para los infractores.
– Obliga a los hospitales que aceptan el seguro publico Medicaid. Y a los departamentos de emergencias a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes.
– Hace que el transporte de personas al estado de Florida sin un estatus migratorio sea un delito punible con hasta 15 años de prisión.
– Prohíbe la financiación de programas de ciudades y condados para dar tarjetas de identificación a migrantes.
– No reconoce las licencias de conducir emitidas legalmente por 16 estados y el Distrito de Columbia a los conductores sin un estatus migratorio regulado.
– Elimina exenciones de cuotas de matrícula para estudiantes inmigrantes indocumentados.
– Deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que todavía están regulando su estatus migratorio.
– Requiere que las agencias de aplicación de la ley recolecten muestras de ADN de personas que no poseen un estatus migratorio regulado y están detenidas bajo una solicitud de detención federal.
– Asigna 12 millones de dólares para el traslado de inmigrantes a otros estados del país.
Muchas de las críticas vertidas contra este proyecto promovido por DeSantis, que ha hecho de la inmigración irregular o “ilegal”, como él la califica, su caballo de batalla electoral, son precisamente por el componente electoralista que le achacan.
En la campaña de DeSantis para la reelección en 2022 tuvieron un importante peso sus quejas contra la “frontera abierta”. Que, según dice, ha creado la política migratoria del presidente Joe Biden.
