En horas de la tarde del miércoles, el Ministerio Público anunció en redes sociales que los fiscales de la Unidad Especializada de Narcotráfico ordenaron la detención de Juan Carlos Ozorio, hasta ayer Diputado Nacional por la ANR (oficialismo). En el mismo posteo, alegan que en el marco de la investigación “A Ultranza Py” ya lo venían supuestamente investigando.
Alfredo Guachiré, activista social y denunciante, lamentó que, a pesar de las pruebas en su contra, Juan Carlos Ozorio tuvo acceso a sus grupos de WhatsApp, a su teléfono y con ello pudo borrar evidencias, antes de que el Ministerio Público haya decretado la orden de reclusión.
“Tanto mi fuente y yo seguimos en peligro. La fiscalía debía agarrarlo y procesarlo mucho antes. También intervenir la cooperativa”, instó.
Destacó que le gustó el mensaje de los diputados, pero no el actuar de las autoridades. En el sentido de la casi nula actuación de la Fiscalía para por lo menos, iniciar una investigación.
SENAD
Zully Rolón, ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), anunció que ya remitió a la Fiscalía las documentaciones para que abra la causa y designe un fiscal. Lo hizo en la mañana del miércoles, sin embargo, desde el Ministerio Público no se pronunció hasta pasado el mediodía.
“Ayer tomamos conocimiento o sea la noche del martes. Por parte del periodista y enviamos hoy”, explicó.
SEPRELAD
Carmen Pereira, viceministra de la Seprelad, señaló que no pueden hacer juicios de valor sobre personas y casos. Pero afirma que el hecho ocurrido refuerza la necesidad de motivar el cumplimiento de las normas.
“Reforzar las medidas de debida diligencia en todos los sectores. Se tienen que conocer los sujetos obligados al sistema financiero. Que tienen que valorar esa realización como una actividad muy importante porque permite operar con seguridad jurídica y evitar que el sistema sea vulnerable”, afirmó.
Dijo que la denuncia de Guachiré se trata de una noticia criminis (noticia que sirve como aviso de un delito) y que, por lo tanto, el Ministerio Público debe tomarlo ya que tiene la facultad investigativa.
“Nosotros en el marco de nuestras competencias, adoptamos las medidas pertinentes. Contamos con alertas siempre y realizamos los análisis correspondientes”, comentó.
Señaló que no puede emitir ninguna información relacionada a alertas que hayan surgido en torno a Ozorio por operaciones sospechosas.
“Según vemos hay una incidencia alta de uso de dinero en efectivo. Estamos viendo operaciones inmobiliarias. Es importante comprender porque son sujetos obligados”, señaló.
Dijo finalmente que no puede emitir juicios de valor sobre otras instituciones ante la consulta sobre cómo ve el actuar del Ministerio Público en este caso.
VILLAREJO
Sebastián Villarejo, diputado nacional por el PPQ, cuestionó que este caso haya tomado estado público por un posteo en Twitter. Pero no por la acción del Ministerio Público. Cabe recordar que la Fiscalía podía haber iniciado una investigación oficiosa con mucha más premura.
Además, ante la gravedad de la denuncia, existe el peligro de que Ozorio se fugue del país.
