El representante del Ministerio Público, Édgar Sánchez, presentó ante el Juzgado Penal de Garantías el acto conclusivo en el marco de la investigación de facturas adulteradas que habría presentado ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y cuya rendición de gastos de campaña del 2018 fue firmado por el presidente la nucleación, Efraín Alegre.
Se trata de la formulación de acusación y la solicitud de juicio oral y público para el dirigente liberal Pascual Benítez Barrientos y el presidente del PLRA, Efraín Alegre Sasiaín. A los liberales se los acusa de por los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, en calidad de autores.
BASES
Desde la Fiscalía informaron que la acusación presentada contra el presidente de los azules y el dirigente se basan en pruebas testimoniales y testificales.
Uno de ellos tiene que ver con la declaración que realizó ante el Ministerio Público el propietario de una gasolinera de Ciudad del Este. Silvio Concepción Martínez Mendoza, propietario de la estación de servicio “Catedral” denunció la existencia de una factura por valor de G. 98.000.000.
En la acusación fiscal se menciona que Martínez Mendoza negó haber prestado servicios a miembros del Partido Liberal por el millonario monto. Asimismo, señala que el documento es una clonación o imitación de las facturas utilizadas en su estación de servicio, sin embargo la misma presenta visibles diferencias para con la auténtica.
Lo que sí se mencionó es que él mismo encontró entre sus registros la factura auténtica, y en esta se detalla que el 8 de agosto del 2021 se le vendió combustible por valor de G. 100.000 a una persona llamada Arnaldo David Martínez.
Para el Ministerio Público este hecho se concuerda con lo tipificado en el uso de un documento no auténtico, por parte de los administradores de fondos de campaña designados para el departamento de Alto Paraná. El fiscal Sánchez en su acusación también relata que este fue utilizado por el presidente del PLRA, pues este documento fue presentado ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral y a la administración de los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación para fines electorales.
