La Corte Suprema de Justicia (CSJ) votó a favor de que las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos sean de acceso libre para toda la ciudadanía.
La Sala Constitucional ampliada con un total de 7 votos rechazó la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República (CGR) contra el amparo planteado por el periodista Juan Carlos Lezcano para acceder a las declaraciones juradas desde 1998 a 2017 de todos los funcionarios públicos votados en elecciones populares.
Con esta decisión, la CGR deberá dar a conocer a los interesados las declaraciones juradas de las autoridades nacionales, funcionarios, fiscales, ministros, entre otros. Cabe destacar que este fallo es considerado histórico ya que sienta un precedente en materia de transparencia sobre los bienes de los funcionarios públicos.
Los que votaron a favor fueron Alberto Martínez Simón, Manuel Ramírez Candía, Eugenio Jiménez, Valentina Núñez, Óscar Paiva, Carolina Llanes y María Mercedes Buongermini. Mientras que Marcos Riera Hunter votó por hacer lugar parcialmente a la acción, debido a que considera que solo debería publicarse la declaración jurada de los funcionarios, no así de los cónyuges y familiares. Por su parte, Guido Cocco votó por hacer lugar a la acción planteada por la Contraloría.
Durante la sesión, la ministra Carolina Llanes sostuvo que el acceso a la información pública es un derecho fundamental y que las DDJJ de autoridades públicas deben estar disponibles para quien desea acceder a ellas y que también funciona como mecanismo de sanción a la corrupción. «No encuentro vicio o irregularidad que haya vulnerado algún precepto normativo constitucional en este caso», dijo sobre amparo promovido por el comunicador.
Cabe mencionar que este fallo de la Corte se contrapone con la decisión de la mayoría de la Cámara de Diputados, que sancionó una ley en la que se establece que las declaraciones juradas sigan siendo secretas y que se despenalicen los datos falsos que contengan y sean considerados simples “errores administrativos”.
No obstante, el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez ya adelantó que si la iniciativa sancionada despenaliza los datos falsos, vetará el proyecto remitido por la Cámara baja.
