La Unión de Gremios de la Producción (UGP), una de las asociaciones más poderosas del sector privado señaló a través de un comunicado que celebra que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, haya anunciado que vetará la recientemente sancionada ley que califica como un “error administrativo” la declaración de bienes con datos falsos por parte de los funcionarios públicos y, al mismo tiempo, exigieron al Parlamento Nacional, a que acepten el veto para que la iniciativa quede sin efecto.
“El presidente de la República anunció inmediatamente que era moralmente inaceptable la decisión del Parlamento, gesto que aplaudimos. Instamos al Poder Legislativo a recapacitar y aceptar ese veto. En estas graves circunstancias para la nación, en las que el pueblo ha dado señales claras de esfuerzo, abnegación y capacidad de sacrificio que hoy abren una puerta a la esperanza, hace falta algo más”, señalaron los miembros del sector productivo.
Consideraron de igual modo que el mandatario debe liberar un proceso “claro, decidido, contundente y sin concesiones, para luchar contra la corrupción”, a los efectos de restituir la confianza y recomponer la relación entre gobernantes y gobernados. Además, advirtieron que hoy está en riesgo la posibilidad de salir airosos de la pandemia provocada por el coronavirus debido a la pérdida de confianza en la capacidad de las autoridades de “anteponer el interés de la República” frente a los intereses “sectoriales y personales”.
“Como pocas veces la dirigencia política se posiciona muy lejos de la ciudadanía y de sus obligaciones con la patria, y más cerca de pasar por encima de la Constitución y la ley. Se comprende y comparte el rechazo generalizado de la ciudadanía, hastiada de tanta sinrazón, arbitrariedad y corrupción”, subraya otra parte del comunicado.
CONTEXTO
Tras el repudio generalizado que generó la sanción de la mencionada ley, varios legisladores de la Cámara Baja reconocieron haberse “equivocado” en la manera en que votaron esta normativa que, dispone además que para darse a conocer la declaración jurada de bienes de un empleado del Estado se precisaría de una orden judicial.
Vale recordar que más de una decena de los diputados que votaron a favor de esta iniciativa de ley cuentan con antecedentes de procesos judiciales que les fueron abiertos por casos de presunta corrupción. Entre los investigados por el Ministerio Público pueden citarse casos de estafa, cobro indebido de honorarios, presentación de documentos de contenido falso, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, desvío de fondos públicos y hasta casos de contrabando.
