El titular del Ministerio de Justicia, Édgar Olmedo, destituyó ayer a Noelia Estigarribia de la dirección del Centro Penitenciario para Mujeres Casa del Buen Pastor, pues la funcionaria habría tardado 15 días para informar respecto a una denuncia de abuso sexual. Una reclusa resultó víctima del supuesto hecho dentro de la penitenciaría el pasado 29 de abril en las oficinas del Organismo Técnico de la correccional.
La denuncia fue presentada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Tras su divulgación, el Ministerio de Justicia determinó además la intervención por 30 días del penal de mujeres.
El 6 de mayo se había elevado el informe respectivo de la sicóloga del penal y la médica ginecobstetra a la directora. El 9 de mayo la encargada dispuso una investigación interna y recién el viernes último se formuló la denuncia ante el Ministerio Público, indicó Orlando Castillo, comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
“Nos parece realmente preocupante y lamentable la conducta negligente de la exdirectora. No puede alegar desconocimiento en ningún momento, siendo la máxima autoridad de la penitenciaría del Buen Pastor. (Noelia Estigarribia) debe saber cuáles son las obligaciones que tiene como funcionaria pública”, mencionó Castillo.
Por este motivo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura solicitó al Ministerio Público que la exdirectora sea investagada por “frustrar una investigación de un presunto caso de abuso sexual”.
“Nosotros estamos solicitando que la Fiscalía investigue el actuar de la exdirectora. Se perdieron días valiosísimos en que se pudieron haber dispuesto diligencias por parte del Ministerio Público para recabar pruebas, diligencias médicas y forenses que ahora recién se van a realizar, quince días después. Todo esto implica una frustración de la investigación penal, que creemos debe ser indagada por la autoridad judicial pertinente”, recalcó.
VULNERABILIDAD
Por otra parte, el comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura lamentó las condiciones de inseguridad y vulnerabilidad con las cuales deben lidiar las reclusas en la cotidianidad. En este sentido, refirió que pese a las prohibiciones, personal masculino ingresa continuamente a los pabellones de las internas.
“Cuando estuvimos en la penitenciaría vimos muchos varones ingresando en la zona de pabellones de las mujeres. Nos llamó la atención, porque está prohibido. Los varones no deben intervenir de manera directa en las relaciones con las privadas de libertad. Deben estar en la zona administrativa, en los portones, en la periferia de la penitenciaría, pero no en el resguardo interno de la cotidianeidad del penal”, sostuvo.
En esta misma línea, Castillo remarcó la urgencia de implementar medidas de prevención. “En primer lugar, se debe determinar la prohibición absoluta de personal de varones dentro de las penitenciarías de mujeres. Incluso, cuando se den intervenciones que requieran la separación o intervención de una fuerza para evitar un riesgo mayor”.
De esta forma, el comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura apuntó a que se debe trabajar para que todo los funcionarios conozcan “perfectamente” los protocolos de actuación cuando se den esta clase de denuncias.
“Los trabajadores del penal tienen que entender que son representantes del Estado paraguayo en la tutela de las personas privadas de su libertad. Como tal, tienen una obligación doble. Es incluso una carga más pesada para el funcionario por no haber denunciado hechos de esta naturaleza”, concluyó.
