Mientras gran parte de la población batalla para llegar a fin de mes y poner un plato de comida sobre la mesa, los funcionarios de la Contraloría General de la República (bajo el argumento de “derechos adquiridos”) reclaman guardería y un lugar “decente” para almorzar.
Los empleados de la CGR protagonizaron una manifestación en la mañana de ayer, exigiendo la atención de su titular, Camilo Benítez, a quien señalaron por el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo, entre otras irregularidades que —según denuncian— afectan su labor diaria.
Durante la protesta, uno de los manifestantes expresó con firmeza: “Estamos siendo ninguneados por el contralor. Desde febrero no nos recibe. Hemos enviado notas y no nos ha contestado.”
Este reclamo refleja el descontento de los empleados, quienes aseguran que sus condiciones laborales se han visto deterioradas por la falta de respuesta a sus demandas y solicitudes.
Entre las principales quejas se destacó la ausencia de infraestructura básica en el lugar de trabajo. Una de las manifestantes mencionó que “no contamos con una guardería ni un lugar para comer decentemente”, lo que genera inconvenientes y dificulta el bienestar y la productividad de los trabajadores.
Los funcionarios pidieron al contralor Benítez que se atiendan estas situaciones de manera urgente y se respete el contrato colectivo, que establece compromisos fundamentales para el buen funcionamiento del organismo.
FUNCIONARIOS DE PRIMERA
Cabe recordar que, en promedio, los funcionarios públicos tuvieron aumentos salariales por encima del 70% en los últimos 10 años, mientras que en el sector privado la situación se deteriora cada vez más con el avance de la informalidad.
Incluso funcionarios de alto rango son objeto de privilegios, con bonificaciones y gratificaciones que en algunos casos triplican sus salarios. En promedio, los estatales ganan un 35% más que un funcionario del sector privado. En contrapartida, trabajan entre 5 y 6 horas diarias, y como máximo 30 horas semanales, frente a jornadas de hasta 12 horas en el sector privado, donde apenas la mitad llega a percibir el salario mínimo y cerca del 85% no tiene acceso a un sistema de jubilaciones.
