Por Benjamin Fernandez Bogado
La República está siendo puesta a prueba en estos días, especialmente cuando se tratan de demostrar los efectos perniciosos que tiene el dinero sobre las instituciones y sobre sus administradores de ocasión. De cómo es posible alterar los plazos procesales, desvirtuar la función de la policía, couloir a las autoridades en la búsqueda de las personas delincuentes que nunca son encontradas. Cuando existe, según la persona que finalmente delata los hechos delincuenciales en el Brasil, el propio presidente le da dinero para que se esconda, para que se fugue.
No estamos proyectando la imagen para nada de una República seria, respetuosa, comprometida con la norma. No estamos dándole sentido a la expresión de «Estado de Derecho», que significa donde reinan las normas, donde impera la justicia y donde todos los seres humanos son iguales. El dinero en un país pobre con 5.000 dólares de ingreso per cápita, tiene un efecto devastador sobre todas las instituciones que hemos podido levantar hasta este momento.
El Paraguay, en este proceso democrático, ha tenido varios factores que por poco pusieron en riesgo su continuidad. Hubo en la vida política paraguaya líderes políticos venidos de la estructura militar, que habían afirmado que alinearon a los de la prensa como velas y que decían además que el Paraguay no se merecía un gobierno democrático porque había que mantenerlos a patadas a la población. También aparecieron otros que dijeron que con el dinero un pueblo pobre termina siendo sometido a sus caprichos. Todo lo que diga la Constitución y las normas y todo lo que afirman los operadores de la función pública son completamente subalternos a sus caprichos económicos.
La República debe recuperar su sentido original en democracia, que significa el imperio de las leyes, el valor de las instituciones y por sobretodo, la trascendencia de los operadores circunstanciales de ellas en diferentes reparticiones. En los tres poderes del Estado y en varias dependencias donde se ha aprobado en estos últimos días, y con la delación premiada de Messer de que no están al servicio de los mandatos constitucionales, sino de los caprichos de quien tiene el poder del dinero.
