El próximo miércoles 16 de febrero deberá celebrarse la audiencia preliminar del caso que involucra a la ciudadana brasileña Isaura Sanches Freitas por supuestos hechos de narcotráfico internacional.
El caso, tomó estado público, luego de que la Fiscalía, representada por los agentes fiscales; Ysaac Ferreira, Fabiola Molas Alcaraz, Eduardo Royg y Deny Yoon Pak, presentara como pruebas, “pinchazos telefónicos” obtenidos de forma ilegal por la Policía Federal del Brasil.
Se trata de capturas de pantalla de conversaciones que mantuvo Sanches con su entonces pareja sentimental Robson Alcaraz Ajala.
DEFENSA
Isaura Sanches Freitas está siendo acusada por el hecho punible de asociación criminal y lavado de dinero en la causa operación “Status” iniciada en Brasil en el año 2018 y en Paraguay en el año 2020.
Fue acusada porque la misma fue síndica suplente del Grupo Factor S.A. El Ministerio Público afirma que dicha empresa le pertenece al “Clan Morínigo” procesados en la operación “Status” del Brasil y que actualmente gozan de sus libertades. Lo llamativo es que los accionistas, propietarios y directores de la empresa Factor S.A. no fueron imputados ni mucho menos privados de sus libertades.
Édgar Arias, abogado defensor, afirmó que Sanches antes del inicio de las actividades de Factor S.A. había renunciado.
“El Ministerio Público actúa en sus investigaciones con total libertad, sin que el Poder Judicial les ponga frenos a las atrocidades cometidas por los mismos en sus investigaciones”, cuestionó.
El abogado critica que solo por el hecho de que su defendida haya sido nombrada como sindica suplente de Factor S.A., según la teoría del Ministerio Publico, ella forma parte del crimen organizado, pero en autos no existe ninguna sentencia judicial tanto del Brasil como del Paraguay que hayan condenado a la familia Morínigo por tráfico internacional de drogas, ni mucho menos a los propietarios o accionistas de la empresa Factor S.A.
“Por tanto, por ser mi cliente sindica suplente es miembro del crimen organizado pero los accionistas ni propietarios de la empresa no lo son. Ya no sé a dónde recurrir, si es ante los defensores de los DDHH o a los políticos porque en nuestro país no se cumple la ley”, lamentó.
“PINCHAZO” TELEFÓNICO
Arias señala que en la acusación los representantes del Ministerio Público presentaron “capturas de pantalla”, obtenidas de un “pinchazo” de la aplicación WhatsApp, y que las mismas fueron obtenidas de forma irregular e ilegal por la Policía Federal del vecino país Brasil.
“Estos agentes ingresaron en nuestro territorio como si fueran propios de ellos interceptar teléfonos de operadoras paraguayas sin el acompañamiento de ninguna autoridad paraguaya, y estas capturas de pantallas fueron ofrecidas por nuestro Ministerio Público como prueba contra mi defendida”, expresó.
En una de esas capturas de pantalla se leía el siguiente mensaje; “…amor pagá la factura de ANDE del sitio…”. Era un mensaje de Isaura Sanches para Robson Alcaraz Ajala en su momento.
“Por este mensaje, el Ministerio Público afirma que ella hace parte del crimen organizado, a sabiendas que el artículo 33 del Código Procesal dice claramente: punibilidad individual. Cada participante en el hecho será castigado de acuerdo con su reprochabilidad, independientemente de la reprochabilidad de los otros”, cuestionó.
