La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y, con ella, se incrementa la necesidad de colaboración entre múltiples actores involucrados. Entes gubernamentales, corporativos y sociedad civil, deben impulsar su compromiso de proteger a los más pequeños ante los riesgos que plantea el uso de Internet y las redes sociales.
En América Latina, la revolución digital no es una excepción. Según GSMA Intelligence, la penetración de suscriptores de Internet en toda la región de América Central está creciendo rápidamente. Para 2020, se espera que alcance el 84 por ciento en Panamá, el 83 por ciento en El Salvador, el 82 por ciento en Costa Rica y el 72 por ciento en Honduras. Con 33.2 millones de usuarios centroamericanos que oscilan entre los diez y diecinueve años de edad, un número significativo de jóvenes se conecta cada vez más rápido gracias a la creciente penetración de teléfonos inteligentes.
Este acceso digital ofrece innumerables beneficios a la sociedad, representando valores y oportunidades que no pueden ser subestimados. Una vida conectada puede ayudar a jóvenes a aprovechar nuevas vías educativas, explorar todo su potencial y romper los ciclos intergeneracionales de pobreza. La evolución tecnológica también producirá industrias y empleos imprevistos en el horizonte, que ofrecerán a los jóvenes la oportunidad de vivir una vida mejor y ayudarán a impulsar cambios positivos en sus sociedades.
De acuerdo a estadísticas publicadas recientemente por UNICEF, en América Latina y el Caribe, unos 35 millones de niños y niñas entre 3 y 18 años no van a la escuela. Para este grupo, el acceso a internet y sus oportunidades educativas tiene el potencial de cambiar sus vidas.
Sin embargo, este nuevo acceso también genera preocupación por la seguridad y el bienestar de los nuevos usuarios jóvenes. Los desafíos incluyen los riesgos y peligros intrínsecos que plantea una Internet donde aquellos que desean hacer daño pueden enmascarar sus identidades y ubicaciones, con el potencial de aprovecharse de aquellos que aún no han madurado.
Nunca ha existido una mayor necesidad de que los gobiernos, las empresas y la sociedad civil se unan para proteger a la niñez de los riesgos que plantean Internet y las redes sociales.
«Los niños y niñas son habitantes nativos del mundo en línea, y aunque están mentalmente más preparados para el progreso y los desafíos de la tecnología, son psicológicamente vulnerables a las agresiones que pueden derivarse de su mal uso», resaltó el Banco Mundial en un informe centrado en proteger a jóvenes del crimen cibernético.
Combatir este fenómeno y las amenazas que plantea no es tarea fácil. Sin embargo, organizaciones como Interpol, GSMA, el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados junto con gobiernos nacionales y corporaciones como Millicom, han trabajado y continúan trabajando incansablemente para evitar que ocurra un daño, al mismo tiempo que lo identifican y detienen cuando sea y donde sea que lo hagan.
En este momento, es fundamental que estas colaboraciones continúen en todas las sociedades latinoamericanas por dos razones: primero, para proporcionar educación a los padres, maestros y cuidadores sobre cómo crear un entorno que evite que ocurra el abuso en línea; y segundo, para garantizar que todos los países estén implementando las mejores prácticas legislativas, regulatorias y corporativas para apoyar a aquellos niños y familias que enfrentan la amenaza del abuso en línea.
Debería haber un aumento en el alcance y la implementación de regulación inteligente, estándares internacionales y herramientas de negocio para ayudar a garantizar la seguridad del entorno en línea para los niños y jóvenes. En los últimos años, Millicom y organizaciones como GSMA han organizado talleres en toda la región de América Latina para reunir a grupos gubernamentales, sociales y corporativos de alto nivel, con el objetivo de crear una agenda común que busque proteger los derechos de la niñez en Internet. Debido a la participación de expertos internacionales y regionales, estas plataformas permiten el intercambio de mejores prácticas y capacitación. Tales esfuerzos deben continuar y, para complementarlos, Millicom ha lanzado programas y políticas educativas a largo plazo y de gran alcance, destinadas a evitar el abuso en línea.
Al mismo tiempo, Millicom continúa desarrollando y expandiendo la amplitud de su herramienta de Evaluación del Impacto sobre los Derechos de la Niñez para Operadores Móviles (Mobile Operator Child Rights Impact Assessment tool), desarrollada en asociación con UNICEF y desplegada en nuestras operaciones de Tigo. Esta herramienta, disponible de forma gratuita para otras empresas de la industria móvil, nos ayuda a evaluar cómo nuestras operaciones, productos y servicios impactan los Derechos de la Niñez. Sobre la base de los resultados obtenidos por nuestras evaluaciones, hemos implementado planes de acción que mitigan los riesgos y aprovechan las oportunidades para garantizar que llevamos a cabo nuestros negocios con una clara consideración de los Derechos de niñas y niños.
35 Millones de niños y niñas no van a la escuela en toda Latinoamérica.
